La batalla por los derechos reproductivos de la mujer lleva décadas encendida, desde que la redemocratización llegó en 1985 al país con más católicos del mundo, pero las iniciativas para que la interrupción del embarazo no sea castigada jamás prosperó, ni en los gobiernos de derechas ni en los de izquierda.
Pero ahora llegó a la máxima corte, seis años y medio después de que fuese introducido el recurso del ultraizquierdista PSOL, un firme aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), a favor de legalizar el aborto.
Su presidenta, la magistrada Rosa Weber, que está a punto de jubilarse y no quería perder la oportunidad de abordarlo, decidió pautar el juicio, que arrancó en el plenario virtual, en el que los jueces van introduciendo su voto electrónicamente en un plazo determinado.
Ella, como relatora del caso, fue la primera en votar, y lo hizo afirmativamente. El segundo en votar fue Luis Roberto Barroso, quien dejó suspendido su parecer al pedir pasar el juicio a la modalidad presencial, para lo cual no hay fecha.
Si, cuando se reanude, cualquiera de los jueces pide más tiempo de análisis, el caso podría alargarse de forma indefinida.
Pero ya es un paso de gigante. En su recurso, el PSOL, junto con el Instituto de Bioética (Anis), esgrimió que la prohibición del aborto, establecida en el Código Penal de 1940, viola el derecho de las mujeres a la igualdad, la dignidad, la libertad y la salud.
Actualmente, el aborto está permitido hasta los primeros tres meses de embarazo en caso de violación, anencefalia y riesgo para la madre, algo similar a lo que ocurre en Chile. En América Latina, solo está despenalizado en Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y México.
En Brasil, las penas por provocarse el aborto o consentir que alguien lo practique oscilan de uno a tres años de cárcel, mientras que para los que lo practiquen con el consentimiento de la embarazada, van de uno a cuatro años de reclusión.
Eso hace que miles de mujeres en Brasil, donde hay elevados índices de embarazo adolescente, se sometan cada año a abortos clandestinos, que a menudo terminan en muerte de las gestantes por el riesgo que supone.
Una encuesta, divulgada en 2021, revela que una de cada siete mujeres de alrededor de 40 años se sometió por lo menos a un aborto, y el 43 % de ellas tuvieron que ser hospitalizadas para terminar el procedimiento.
La protección del embrión o el feto "no puede ser desproporcionada: debe tener los límites del respeto a la dignidad humana, la ciudadanía, la promoción de la no discriminación y los derechos fundamentales de las mujeres", argumenta el partido proponente.
En su voto, Weber, considerada una jueza de tendencia liberal, expuso que "la criminalización perpetúa el cuadro de discriminación basado en el género" y citó encuestas que muestran que las mujeres negras y de clases más bajas son las más afectadas.
"Cabe señalar que los abortos inseguros y el mayor riesgo de mortalidad revelan el impacto desproporcionado de la norma que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo", escribió.
Es difícil predecir cómo terminará el juicio, pues no está clara la posición personal de cada uno de los jueces. Lo que sí se sabe es que, aunque se despenalice, todavía tendrá por delante un largo recorrido.
Si hay luz verde en el STF, las mujeres que decidan abortar, así como los médicos y el personal que intervengan en él no serían castigados, pero eso no significa que el procedimiento pasará a incorporarse en el sistema público de salud o que será legislado. Ese le compete al poder ejecutivo y al Congreso.
Aunque es considerado progresista, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifiestamente católico, dijo en campaña que es contrario al aborto, pero afirmó que la mujer debe tener "supremacía sobre su cuerpo".
Nada más llegar al poder, su gobierno sacó a Brasil del Consenso de Ginebra, que fue firmado por el anterior mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y está integrado por países con gobiernos conservadores contrarios al aborto y defensores del "papel de la familia".
Pero, por ahora, nada indica que vaya a avanzar hacia la legalización. Gran parte de las iniciativas que hay en el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras y con una amplia presencia de los evangélicos –firmes antiabortistas– son para limitar y penalizar todavía más la interrupción del embarazo.
Es un tema que realmente divide a la sociedad brasileña, aunque los partidarios de interrumpir voluntariamente son cada vez más. Una encuesta divulgada a finales de agosto muestra que el 43 % de los entrevistas son contrarios y el 39 % favor. El 18 % restante dijo no tener opinión al respecto o no quiso opinar.
