Según la Fiscalía, los imputados -Dione Chaves Sousa, Maria Irismar Lago de Lima y Sidnei Joaquim da Silva- seducían a personas sin hogar y las obligaban a trabajar 12 horas diarias, sin descanso. A Dione y María, la Fiscalía aún les imputa presunto tráfico de personas y de drogas. La denuncia señala que el primero era miembro del Comando Vermelho, 'con participación en diversos delitos como tentativas de homicidio, robos y amenazas'. Sidnei, por otro lado, es designado como arrendatario de tierras en los castaños, y habría ayudado a atraer a la gente en Porto Velho, incluso prestando su vehículo para el transporte de algunos de los trabajadores.
“Esta es una práctica bizarra de un delito en sí mismo repugnante. Los imputados prácticamente secuestraron a varios vagabundos en Porto Velho, se los llevaron a todos a Bolivia y allí los mantuvieron en condiciones degradantes. indicó el fiscal de la República Reginaldo Trindade, autor de la denuncia presentada a raíz de la Operación Finis Messi , iniciada en noviembre de 2021. Según el Ministerio Público de la Federación, la investigación indicó que los tres imputados trasladaron a las víctimas desde Rondônia a Bolivia, y allí las obligaron 'a realizar una jornada laboral exhaustiva, con un promedio de 12 horas diarias sin interrupciones, descanso ni descanso para comer'.
Los trabajos se realizaron con independencia de las condiciones climáticas del lugar, dice la Fiscalía. El órgano indica que los castañares se encuentran en una región boscosa inhóspita, a la que solo se puede acceder en barco o voadeira (canoa con motor). Considerando que el medio de transporte pertenecía a Dione Sousa y María Irismar, los fiscales indican que el control de salida del lugar estaba 'dominado' por los imputados.
La alimentación de las víctimas se limitó a dos comidas, una por la mañana y otra al final de la jornada laboral, se cobró el valor de la comida, aumentando la deuda de las víctimas con los presuntos empleadores. “Si los trabajadores querían comprar otros productos, tenían que comprarle a la pareja, que cobraba precios abusivos. Para tener una idea del abuso, según las víctimas, una botella de cachaza costaba R$ 600 y una pasta dental, R $ 100. Además, se impidió a las víctimas adquirir 'bienes de las pocas embarcaciones que pasaban por el lugar'”.
La Fiscalía también señala que Dione Chaves y María Irismar vendían drogas ilícitas a los trabajadores. Testimonios recabados como parte de la investigación señalaron que 'los estupefacientes se suministraban diariamente y de manera forzada'. Hasta la publicación de este texto, el informe buscaba contacto con los acusados, pero sin éxito. El espacio está abierto para demostraciones.
