Desde que empezó 2022 esos precios, además, no han hecho más que aumentar al calor del conflicto armado que se está desarrollando en Ucrania, por lo que los costes agrícolas, que en el pasado ejercicio crecieron una media del 27,82 %, se encuentran en la actualidad disparados.
Los datos recogidos en el 'Índice de precios pagados por los agricultores', difundidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recogen que la energía aumentó al año pasado un 83,09 %, sobre todo por la electricidad, pero también lastrada por los precios de los carburantes (una subida del 37,66 %) y de los lubricantes (11,66 %).
Además, los fertilizantes se alzaron un 84,87 %, los alimentos ganaderos un 21,97 %, los productos fitopatológicos un 11,94 %. También las semillas (0,91 %), los plantones (3,17 %), el utillaje (9,22 %) y otros gastos (14,29 %) contribuyeron al alza de los costes del sector.
En este contexto, los agricultores españoles se están planteando cambiar sus cultivos y dedicarse a aquellos que se encuentran mejor pagados en origen, como son los cereales y las hortalizas, cuyas subidas, de un 45 y 41 % respectivamente, consiguen amortizar el enorme repunte de los costes.
Mientras, los dedicados a cultivos que apenas se han revalorizado en el último ejercicio exigen que las empresas transformadoras incluyan en sus contratos los incrementos en los costes de producción como condición para no reducir sus hectáreas de plantación.
Precisamente en los precios de los cereales se está notando el conflicto en Ucrania, un país que era uno de los graneros europeos, sobre todo de trigo, y que ha visto parada su producción.
Sin embargo, otros productores no pueden adoptar la misma solución para paliar la crisis económica que están viviendo. Es el caso de los productores ganaderos. En el caso del ámbito lácteo, que lleva años denunciando sus problemas, los precios pagados por la leche que se vende bajo marcas blancas no cubren los costes de producción de ganaderos.
El sector es clave en la economía española. Las exportaciones agroalimentarias batieron el año pasado su récord al superar los 60.000 millones de euros, incrementándose un 11 % con respecto al ejercicio de 2020, lo que representa un 19 % del total de ventas. Su saldo neto alcanzó los 18.948 millones de euros, un 0,8 % más que el año anterior. La mayoría de las exportaciones, un 63 %, tuvieron como destino la Unión Europea (UE).
Sin embargo, las importaciones experimentaron un crecimiento mayor, del 16,4 %, y suponen ya el 12 % de las compras de la economía española en el exterior. Esto supone una tendencia de cambio entre importaciones y exportaciones, producida por la crisis en la que está inmersa el campo español.
Así, la situación del campo con los problemas de regulación, el alza de los insumos y el contexto internacional augura una crisis alimentaria que se prevé que se traduzca tanto en un aumento de los precios en el escenario español como en una crisis alimentaria a nivel global.
El sector agropecuario español tiene que lidiar con problemas estructurales de su mercado nacional. El principal problema que se denunciaba durante los últimos tiempos era la venta a pérdidas a la que estaban obligados los productores. Al comerciar con productos perecederos perdían fuerza negociadora y se debían conformar con los precios fijados por las empresas transformadoras.
Esta dura situación se vio paliada a finales del año pasado, cuando en diciembre finalmente se aprobó la reforma de la ley de cadena alimentaria, que prohíbe precisamente la venta a pérdidas. Así, no se puede vender por debajo del precio de coste y "cada operador de la cadena alimentaria deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador", recoge la normativa.
Así, el país conocido como 'la huerta de Europa' se encuentra inmerso en una paradoja. Mientras algunos subsectores baten récords en 2021, como fue el caso de la producción de verduras, en las más de 400.000 hectáreas que dedica a su cultivo, el conjunto del sector se haya en unas condiciones límites.
Este sector primario (que incluye la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura) acabó 2021 con 840.100 empleos directos, un 7 % más que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa. En total, el sector agroalimentario representa casi el 10 % del PIB del país, con un valor cercano a los 100.000 millones de euros.
El caso español se inserta en el contexto internacional. Los precios de los alimentos están subiendo en los mercados internacionales, debido mayoritariamente a la especulación financiera y a la crisis energética, a lo que se suma el conflicto armado en Ucrania.
En el mercado de futuros agrícolas de Chicago (CBOT), uno de los más importantes del mundo en el que se negocian este tipo de productos básicos, los precios de productos como el trigo, la soja, el maíz y las oleaginosas han alcanzado en las últimas semanas récords que no se veían desde la última crisis que se produjo en 2011-2012.
Los precios ya comenzaron a aumentar durante 2021 y la especulación financiera en este ámbito apuesta por las subidas. Los precios de los fertilizantes se encuentran disparados, así como el del gas fósil, este último ligado a intereses geoestratégicos.
Además, a la dependencia de materias primas que se encuentran cerca de su pico de extracción, como el petróleo, los nitratos y los fosfatos (necesarios para la producción de fertilizantes y pesticidas) se une la guerra comercial desatada entre EE.UU. y China, el aumento constante de la demanda de este último y el uso de materias primas para agrocombustibles.
Asimismo, la crisis climática y la deforestación afectan igualmente al alza de los precios cuando se arruinan cosechas o se reduce la productividad de los terrenos.
Ucrania y Rusia eran en 2021 dos de los cinco principales exportadores de trigo, que, junto con el arroz y el maíz, es un producto imprescindible para la seguridad alimentaria del planeta. Países como los del norte de África y Oriente Medio dependen de las importaciones de este cereal para hacer frente a sus necesidades. Algunos, como la República Democrática del Congo y Madagascar, dependen incluso al 100 % de estas dos naciones.
El conflicto armado que se inició el pasado 24 de febrero tiene como consecuencias la interrupción de las exportaciones, la posible destrucción de reservas y dificultades para poner en marcha la próxima campaña de cultivo. De este modo, la producción y comercio internacional del trigo se encuentran gravemente amenazados, lo que recaerá sobre los hombros de los hogares más vulnerables.
Pero no solo el trigo se ve afectado, sino también otros alimentos básicos como el maíz y los aceites, cuyo precio ya habían comenzado a escalar antes del inicio del conflicto, pero que se ha agudizado desde entonces.
Así, en zonas como el cuerdo de África ya se está produciendo una grave crisis alimentaria, que está empeorando: 13 millones de personas pasan hambre severa y se espera que esta cifra aumente.
En el año que estalló la pandemia de coronavirus, 2020, los países africanos importaron 4.000 millones de dólares en productos agrarios de Rusia y 2.900 millones de dólares en esos productos ucranianos, la mayoría con destino, precisamente, al cuerno de África. En las últimas semanas el precio de la harina ha aumentado en esta zona alrededor del 50 %.
Además, el aumento de los precios de los combustibles fósiles, gas y petróleo, también ayudan a elevar el costo de los productos alimenticios al aumentar el precio del flete marítimo.
Así, tanto la FAO como el Banco Mundial ya han advertido de que dependiendo de la evolución del escenario bélico en Ucrania, la inseguridad alimentaria podría ocasionar un aumento de las personas desnutridas de hasta 13 millones de personas.
