En una entrevista concedida a la televisión estatal rusa, el embajador del país euroasiático en los territorios ocupados por Israel, Anatoly Viktorov, denunció el jueves la decisión del régimen de Tel Aviv de enviar equipos militares a Ucrania el medio de la operación militar de Moscú en su vecino occidental, iniciada el pasado 24 de febrero.
“Estamos revisando cuidadosamente esta información y responderemos, en consecuencia, si se confirma”, hizo hincapié el diplomático ruso.
No obstante, el embajador de Rusia no ofreció detalles sobre lo que podría implicar las dimensiones de la respuesta por parte del país euroasiático contra el régimen israelí.
El miércoles, los medios hebreos informaron que el ministro de asuntos militares israelí, Benny Gantz, durante una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Alki Ruznikov, declaró la decisión de Israel de enviar equipos militares, incluidos cascos y chalecos antibalas, así como los médicos y paramédicos a las fuerzas de rescate y organizaciones civiles del país europeo.
En esta línea, el diario hebreo Yedioth Ahronoth reveló en marzo que una unidad experta en ofrecer formación militar dirigida por Israel está actualmente activa en el territorio ucraniano con el fin de entrenar a los soldados y las fuerzas nacionalistas del país europeo en su lucha contra el Ejército ruso.
Anteriormente, el ministro israelí de asuntos exteriores, Yair Lapid, había acusado al país euroasiático de cometer “crímenes de guerra” en Ucrania, alegando que no había “justificación” para la campaña militar de Rusia contra su vecino occidental.
A su vez, Moscú expresó la semana pasada su indignación a este régimen por seguir la campaña antirrusa del Occidente. De hecho, inculpó a Israel de “aprovechar la situación en Ucrania para distraer la atención de la comunidad internacional de uno de los conflictos sin resolver más antiguos, el conflicto palestino-israelí”.
Rusia ha hecho hincapié una y otra vez que el objetivo de su operación es “desmilitarizar” y “desnazificar” Ucrania, por lo que no implica ninguna amenaza para la población civil del país europeo.
