El Gobierno de Venezuela acusó este 29 de noviembre a EEUU y al Reino Unido de conspirar contra los derechos de su nación sobre el territorio Esequibo, en disputa con Guyana, para consumar un "fraude" que beneficie a la empresa petrolera ExxonMobil.
"Cómo en 1899 (cuando el Laudo Arbitral de París), EEUU y el Reino Unido de Gran Bretaña se confabulan contra los derechos legítimos del pueblo venezolano sobre la Guayana Esequiba. Hoy intentan consolidar su fraude a través del colonialismo judicial, en favor de la ExxonMobil y con apoyo de sus empleados en Guyana", detalló el canciller de ese país suramericano, Yván Gil, en un mensaje a través de la red social X.
El funcionario hizo este comentario en referencia a una publicación que colgó en su mensaje, la cual señala que los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña reiteraron su apoyo a Guyana en la controversia territorial con Venezuela.
La administración de Nicolás Maduro resolvió realizar un referendo consultivo el 3 de diciembre, luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.
Ante ello, Georgetown pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la suspensión de la consulta popular impulsada por Caracas.
No obstante, Caracas reiteró que no reconoce a la CIJ como organismo para dirimir la controversia y apeló al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único mecanismo legal bajo el cual puede resolverse la disputa.
Venezuela reiteró que Guyana no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.