Zajárova aseveró que las acciones de Moscú "se basan en el derecho a la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas". "Fue la escalada militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que intensificaron sus ataques armados contra las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, lo que desencadenó la respuesta de Moscú", indicó. Además, como señaló la diplomática, la intervención sin precedentes de Occidente en el caso tampoco ayudó a Ucrania.
Según la consejera jurídica de la misión permanente de Rusia ante la ONU, María Zabolotskaya, el tribunal se negó a evaluar la legalidad de la operación militar especial y, al mismo tiempo, reconoció su jurisdicción sobre la cuestión de si Kiev había cometido genocidio en Donbass.
"Kiev se ha sentado en el banquillo de los acusados por sus intentos de manipular la Corte y a la Convención. La Corte examinará ahora los crímenes cometidos por el régimen de Kiev en Donbass y decidirá si constituyen genocidio", señaló, citada por el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski.
Zajárova hizo un comentario similar al afirmar: "Solo podemos aplaudir a los 'hábiles' de Kiev y a sus patrocinadores occidentales: se han 'disparado en el pie'".
Dos días después del inicio de la operación militar especial, el 26 de febrero de 2022, Ucrania presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia relativa a la interpretación, aplicación e implementación de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Así, Kiev negó que se hubiera producido un genocidio en Donbass, que fue uno de los motivos del lanzamiento de la operación rusa. Por su parte, Moscú insistió en que el examen de este caso no era competencia del CIJ.
La nueva decisión de la CIJ se produce pocos días después de que el órgano judicial de la ONU considerara infundadas la mayoría de las reclamaciones de Ucrania en otra demanda sobre supuesta discriminación de Rusia contra los tártaros y ucranianos de Crimea