Al mismo tiempo, de acuerdo con Interfax, las restricciones están relacionadas con la necesidad de cumplir la prohibición de propaganda y publicidad del movimiento adoptada el año pasado, por lo que la decisión judicial "no afecta al derecho de los ciudadanos a la intimidad y no tendrá consecuencias jurídicas negativas".
La demanda sobre este caso fue presentada por el Ministerio de Justicia ruso el 17 de noviembre. La institución afirmó que, en virtud de la ley sobre la lucha contra las actividades extremistas, en la gestión del movimiento "se han detectado diversos indicios y manifestaciones de orientación extremista, incluida la incitación a la discordia social y religiosa".
En diciembre del año pasado, en el país ya se aprobó la ley que prohíbe la propaganda del colectivo LGBTIQ+, de pedofilia, así como de aquella información que pueda provocar el deseo de cambiar de sexo.
De tal modo, este tipo de propaganda queda completamente vetado en las redes sociales, los medios de comunicación y el cine, así como en los anuncios publicitarios. A su vez, se introduce la responsabilidad por "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, pedofilia y cambio de género" entre personas de cualquier edad, al tiempo que se endurecen las penas por dicha propaganda entre menores.