A puerta cerrada, y a través de presión sobre las plataformas privadas, el Gobierno ha utilizado su poder para tratar de dar forma al discurso en línea, escriben Lee Fang y Ken Klippenstein en el informe publicado este lunes. En este se detallan las estrechas relaciones de trabajo, las reuniones regulares, incluso las herramientas utilizadas, entre el DHS y los jerarcas de Silicon Valley.
El DHS, creado tras el 11-S para coordinar las operaciones de inteligencia y seguridad, considera ahora que la vigilancia de la "desinformación" es una parte fundamental de sus competencias. Una revisión oficial, citada por el mencionado medio, expone que el Departamento tiene la intención de apuntar a la "información inexacta" sobre temas que incluyen: los orígenes de la pandemia del covid-19 y la eficacia de las vacunas, la justicia racial, la retirada de EE.UU. de Afganistán y la naturaleza del apoyo estadounidense a Ucrania.
Esta relación entre las grandes empresas tecnológicas y el Gobierno estadounidense parece haberse cimentado en medio del pánico que surgió por el resultado de las elecciones del 2016, generado por la convicción de que Donald Trump solo podría haber ganado gracias a la injerencia extranjera. No obstante, el enfoque del DHS también se ha ampliado desde entonces a la actividad doméstica de las redes sociales. Un funcionario anónimo del FBI indicó que, en el verano del 2020, fue "reasignado de su trabajo normal de contrarrestar los servicios de inteligencia extranjeros a la vigilancia de las cuentas de los medios sociales estadounidenses".
Asimismo, antes de las elecciones del 2020, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA en inglés), que responde ante el DHS, sostuvieron reuniones mensuales con empresas como Twitter, Facebook, Reddit y Microsoft. Esto supuestamente era parte de una iniciativa, aún en curso, entre el sector privado y el Gobierno para discutir cómo las empresas "manejarían la desinformación".
Las actas de la reunión de la CISA también muestran al director de la Iniciativa de Seguridad Electoral, Geoff Hale, instando al uso de terceras partes sin ánimo de lucro como "centro de intercambio de información de confianza para evitar la apariencia de propaganda gubernamental".
Al parecer, esta iniciativa ha dado sus frutos, ya que Facebook creó un portal especial que requiere un correo electrónico de las fuerzas de seguridad para acceder. También existe un proceso formalizado para que los funcionarios públicos marquen directamente el contenido en Facebook o Instagram y soliciten que sea suprimido a través del portal especial. En el momento de redactar este artículo, el "sistema de solicitud de contenidos" en facebook.com/xtakedowns/login sigue activo.
Igualmente, según los documentos judiciales vistos por The Intercept, el FBI también podría haber tenido un papel más importante de lo que se pensaba en la censura de la historia del portátil de Hunter Biden, hijo del actual presidente, puesto que dos agentes del buró habrían participado directamente en las conversaciones que condujeron a la supresión de la historia por parte de Facebook. Estos funcionarios fueron identificados como Laura Dehmlow, jefa de sección del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI (FITF), y Elvis Chan, agente especial de la oficina de campo de San Francisco, California.
Muchos de los documentos salieron a la luz debido a la demanda del fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, un republicano que actualmente se presenta como candidato al Senado. La administración Biden ha tratado de desestimar la demanda de Schmitt por carecer de legitimación y ha argumentado que las redes sociales eliminaron voluntariamente las publicaciones sin ninguna influencia "coercitiva" del Gobierno, lo que estaría prohibido por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.
"Si un gobierno autoritario extranjero enviara estos mensajes, no hay duda de que lo llamaríamos 'censura'", comentó Nadine Strossen, expresidenta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
