"El acuerdo de hoy sobre la Ley de Servicios Digitales es histórico, tanto por su rapidez como por su contenido", indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según la alta funcionaria, el estatuto "actualizará las normas básicas de todos los servicios en línea de la UE y garantizará que el entorno en línea siga siendo un espacio seguro, salvaguardando la libertad de expresión y las oportunidades para las empresas digitales", agregó.
La nueva legislación sigue el principio de que "lo que es ilegal fuera de Internet debe serlo también en Internet". Esto incluye una nueva normativa que exigirá a las plataformas en línea, como las redes sociales y los mercados, evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que plantean sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación.
La DSA se aplicará a todos los intermediarios en línea que presten sus servicios en la UE, pero las plataformas y los motores de búsqueda "muy grandes", con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en el territorio comunitario, estarán sujetos a "requisitos más estrictos" y serán supervisadas por la Comisión Europea en cooperación con los Estados miembros.
Las grandes empresas tecnológicas también tendrán que someterse a auditorías anuales independientes y dar a los reguladores y a los investigadores de terceros, incluida la sociedad civil, acceso a los datos de las plataformas y a la información de sus algoritmos para garantizar un mayor escrutinio y responsabilidad. De hecho, los gigantes tecnológicos podrán recibir multas de hasta el 6 % de su volumen de negocios total si se comprueba que violaron la ley de forma intencionada o por negligencia.
La UE asegura que en el contexto de la operación militar rusa en Ucrania y el "impacto particular en la manipulación de la información en línea", se ha añadido un nuevo mecanismo de respuesta para esta crisis.
Este mecanismo será activado por la Comisión por recomendación del consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales y permitirá analizar el impacto de las actividades de las grandes empresas tecnológicas en la crisis en cuestión y "decidir las medidas proporcionadas y eficaces que se deben poner en marcha para el respeto de los derechos fundamentales".
