La decisión, que aún debe ser formalizada en las próximas semanas, ha sido unánime y afecta, principalmente, a los valores del Banco de Rusia guardados en el depositario Euroclear, en Bélgica, reporta el portal Euractiv. Allí radican 191.000 millones de euros (cerca de 207.200 millones de dólares) de los 260.000 millones de euros (282.000 millones de dólares) de reservas rusas en el extranjero que Occidente congeló en 2022.
El acuerdo preliminar contempla contabilizar las ganancias por separado y no pagarlas como dividendos a los accionistas o titulares de los valores hasta que los países de la UE decidan redirigirlas a fines de reconstrucción de Ucrania tras el cese del actual conflicto con Moscú. Esta decisión adicional requeriría la unanimidad del Ejecutivo comunitario.
Se trata de miles de millones que se generan a medida que los valores llegan a su vencimiento y se reinvierten. El cobro planeado será "consistente con las obligaciones contractuales aplicables y conforme con las leyes [de la UE] y el derecho internacional", apunta el medio, destacando que el plan solo afectaría a ganancias futuras y no se aplicaría de forma retroactiva.
El medio señala que una iniciativa más radical contempla confiscar todos los activos de Rusia, pero la idea enfrenta la resistencia de los miembros europeos del G7 —Alemania, Italia y Francia—, mientras que es apoyada por Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá. Quienes se oponen citan las preocupaciones del Banco Central Europeo por la inestabilidad financiera que generaría y por las medidas de represalia que tomaría Moscú en caso de que se produzca la confiscación.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anticipó esta clase de decisiones en abril de 2023 al decretar varias medidas de respuesta en caso de la incautación de activos rusos en el extranjero. En particular, estipuló la posibilidad de una gestión externa temporal de propiedades y activos en Rusia pertenecientes a personas procedentes de los países inamistosos.
En junio pasado, Alemania se opuso a un plan de la Comisión Europea de aprovechar los activos congelados del Banco Central ruso para financiar la reconstrucción de Ucrania, alegando las "cuestiones financieras y legales complejas" que plantearía dicha medida.