De acuerdo con el organismo, en El Salvador se estableció que hay una profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública, no hay un debido proceso penal debido al debilitamiento de la independencia judicial, y existe tortura y malos tratos hacia las personas privadas de libertad.
De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.
La organización también verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública.