En tal sentido, Amnistía Internacional ha expresado preocupación por el impacto de restringir la financiación a las organizaciones palestinas, al manifestar que estas medidas “dañarían aún más la credibilidad” de la UE como “autoproclamada defensora de los Derechos Humanos”.
Tanto la Comisión Europea (CE) como algunos países como Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia y Suiza han adoptado medidas para suspender o restringir la financiación a organizaciones de la sociedad civil palestina sobre la base de acusaciones infundadas de que estos fondos se ha desviado a supuestas organizaciones terroristas.
Al respecto, la directora de la oficina de Instituciones Europeas de AI, Eve Geddie, ha subrayado que “restringir únicamente la financiación de las organizaciones palestinas es discriminatorio y las silenciaría al obstaculizar su vital labor, y privaría aún más a las víctimas de cualquier perspectiva de protección”.
El Ejecutivo comunitario reconoció que “hasta la fecha no se ha encontrado ninguna prueba de que se haya desviado dinero para fines no previstos, pero anunció la introducción de cláusulas en los nuevos contratos con ONG palestinas que obligan a los beneficiarios a declarar que no incitarán al odio y a someterse a un “monitoreo de terceros” para garantizar su cumplimiento.
Aplicar esta cláusula únicamente a las organizaciones palestinas, indica Amnistía, estigmatiza a los palestinos y “movilizan estereotipos racistas de larga data”.
Asimismo, AI ha indicado que los llamamientos del régimen sionista a “matar, desplazar por la fuerza o utilizar armas nucleares contra palestinos”, entre otras amenazas, no han provocado una reacción parecida en los países europeos, que no han establecido requisitos similares para las organizaciones de Israel.
“Este flagrante doble rasero no solo es discriminatorio, sino que también demuestra un enfoque selectivo de los Derechos Humanos”, ha aseverado la organización humanitaria.