Además de las enormes sumas de dinero que EE.UU. destina al suministro de armas a Ucrania, el país norteamericano también vierte miles de millones de dólares en la economía de la nación, pagando los gastos públicos de Kiev. Washington y sus aliados financian programas enteros del Gobierno ucraniano, desde la atención sanitaria hasta las subvenciones para la vivienda, y pagan los salarios de unos 150.000 funcionarios y más de medio millón de maestros, profesores y trabajadores escolares de ese país.
Ahora, la aprobación de un anteproyecto provisional de gastos de EE.UU., que no incluye la ayuda a Ucrania, y los desacuerdos en el Congreso sobre una nueva asistencia financiera a esa nación, causan inquietud en Kiev. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Washington no puede permitir "bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania".
Para evitar la posible interrupción, el presidente estadounidense, Joe Biden, discutió el asunto con los líderes del Reino Unido, Canadá, Italia, Japón, Polonia y Rumanía, así como con el ministro francés de Asuntos Exteriores y el secretario general de la OTAN.
Ucrania ha recibido ya 23.400 millones de dólares, de los cuales 20.200 millones han sido financiados por EE.UU. y 2.000 por el Reino Unido, en el marco del programa de Gasto Público para el Desarrollo de la Capacidad Administrativa, del Banco Mundial. "No veo alternativas: la financiación estadounidense es crucial para la supervivencia de Ucrania", explicó Bill Taylor, exembajador norteamericano en Kiev y actual vicepresidente del Instituto de la Paz de EE.UU.
Si se corta o retrasa la financiación extranjera, los funcionarios ucranianos afirman que el dinero del que disponen alcanzaría solo para cubrir los gastos necesarios en octubre, tras lo cual el Gobierno tendría que recortar los salarios de los funcionarios y reducir los recursos para diversos programas. Además, según el WSJ, en un escenario negativo, Kiev podría volver a la práctica de vender bonos, lo que solo traería consecuencias aún más negativas para la economía del Estado, y en particular una elevada inflación.
