La Iglesia, fundada en Corea del Sur en 1954 por el predicador Sun Myung Moon, goza de ciertas ventajas tributarias en suelo nipón y las perdería una vez aprobada la solicitud, informa Nikkei Asia. Las leyes permiten a las autoridades solicitar a la Justicia que revoquen el estatus de corporación religiosa si "comete un acto que claramente daña sustancialmente el bienestar público". Sin embargo, el movimiento religioso aún podría continuar sus actividades en Japón.
La Iglesia de la Unificación se vio en el foco de la atención de las autoridades tras las declaraciones del asesino confeso de Abe, Tetsuya Yamagami, de 43 años, cuya madre hacía donaciones masivas a la organización hasta el punto que llevó a su familia a la quiebra. El abuelo de Abe, el también ex primer ministro Nobusuke Kishi, había ayudado a que la congregación echara raíces en Japón en la década de 1960.
En los últimos años, la Iglesia sido demandada por múltiples miembros y exmiembros que afirman haber sido obligados a donar enormes sumas de dinero.
Una investigación interna del gobernante Partido Liberal Demócrata —al que pertenece el actual primer ministro, Fumio Kishida, y que también integraba Shinzo Abe—, estableció en septiembre de 2022 que 179 de sus 379 legisladores tenían vínculos con la Iglesia de la Unificación y 17 habían recibido un apoyo electoral de la misma.
Después de eso, Kishida ordenó a sus copartidarios que cortaran los lazos con la congregación.
Desde noviembre pasado, la Agencia de Asuntos Culturales nipona ha ejercido en varias ocasiones su derecho a interrogar a la organización y a obtener documentos de ella, además de recoger declaraciones de víctimas.
