De acuerdo al más reciente análisis presentado por la Cepal sobre el "Panorama Social de América Latina y el Caribe" de 2022, la pobreza extrema se ubicará a final de año en 13,1 %, 82 millones de personas.
"La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe", señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, durante la presentación del documento en la sede del organismo en Santiago de Chile.
Las proyecciones presentadas por la Cepal señalan que el indicador de pobreza muestra una disminución "leve" de 0,2 puntos porcentuales con respecto al 2021, cuando se ubicó en 32,3 %. Lo que más preocupa es la pobreza extrema, que se elevó 0,2 puntos porcentuales en ese mismo período, para ubicarse en 13,1%.
"Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia, y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019", señala la Cepal
Según el estudio, los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 "representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región".
Las proyecciones indican que las dos tasas que miden los tipos de pobreza, "se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe" y su incidencia es mayor en la población infantil, adolescente, indígena, afrodescendiente y mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países.
En ese sentido, la desocupación proyectada para 2022 también muestra un retroceso de 22 años y afecta especialmente a las mujeres, a quienes la tasa de desempleo muestra un incremento de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022 y además sufren "brechas de género importantes" en áreas de formación.
A todo esto se suma una "crisis silenciosa en educación", dijo Salazar-Xirinachs, que pone en riesgo el futuro labora de las nuevas generaciones. "No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones", advirtió y pidió a los países a invertir y transformar los sistemas educativos.
La Cepal añade que la región "sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad".
Una de las principales limitaciones para la continuidad educativa, dice el organismo, fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60 % de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.
La Cepal advierte que de no actuar ahora, se corre el "riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes". Según el organismo, las Naciones Unidas han detectado "pérdidas de aprendizaje" en el Caribe y, en América Latina, y el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada creció de 22,3 % en 2019 a 28,7 % en 2020, donde las mujeres son las más afectadas con 36 % y los hombres 22 %.
La Cepal considera que incrementar el gasto social gubernamental es prioritario para darle un giro a la situación y para ello señala que "la institucionalidad social es un factor crítico" para que sean efectivas las políticas que apunten a "un desarrollo social inclusivo".
"Estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades y carencias de la región. No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras y ambiciosas", dijo Salazar-Xirinachs.
Para lograrlo, agregó, "se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre".
Además, dijo, los gobiernos deben lograr "nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región".
