De acuerdo con Yuliesky Amador Echevarría, profesor de la Universidad de Artemisa y máster en Derecho Constitucional y Administrativo, el nuevo instrumento responde en su totalidad al mandato contenido en la Constitución de 2019, aprobada por amplia mayoría del país (86,85 %), y a la necesidad de desarrollar los derechos reconocidos en la carta magna.
El también miembro del Proyecto Justicia en Clave de Género y de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) dijo a Sputnik que el Código de Familias garantiza un marco regulatorio en correspondencia al pluralismo familiar característico de la sociedad cubana contemporánea, sin entrar en contradicción con las regulaciones internacionales refrendadas por la isla.
"Reconoce todos los tipos de familias presentes hoy en la sociedad y brinda solución a sus problemáticas. Defiende el principio de justicia social, eje central de la Revolución, desde su triunfo el 1 de enero de 1959, por lo que constituye expresión de la importancia de la familia y su papel en la transmisión de valores, tradiciones y afectos sinceros", apreció Amador Echevarría.
Según el académico, el Código define ampliamente principios jurídicos destinados al fortalecimiento de esos vínculos consanguíneos o no, respeto a la dignidad humana, igualdad de todos sus miembros y protección de los más vulnerables. "Una de las características de este tipo de disposición es el reflejo del escenario donde se pretende aplicar".
Amador Echevarría afirmó que el contexto social cubano experimenta cambios ostensibles en las últimas décadas, a partir de la evolución y transformación de la estructura tradicional de la familia, de ahí que no solo existe la típica relación heterosexual, monogámica, singular y con fines reproductivos.
El orden vigente —implementado desde el 21 de agosto de 1976, tras un proceso de consulta popular durante 1975— no comprende las herramientas legales para visibilizar, reconocer y garantizar los derechos y deberes de los integrantes de la variada tipología familiar presente en la nación caribeña.
"Entender la necesidad de un nuevo Código, implica además de su estudio, que todos y todas, desde el conocimiento, medios, escuelas y universidades, por ejemplo, contribuyan a su divulgación, con prevalencia de lo real, lo presente en su articulado, sin caer en repeticiones de verdades a medias o tergiversaciones de ideas sobre el mismo", apuntó Amador Echevarría.
Cuando tenía 8 o 9 años de edad Ana Miriam Mazón Moreno, graduada de Comunicación Social en Cuba, descubrió que Papo, el sobrenombre de Rafael Pérez, no era su abuelo biológico, pues él había conocido a su abuela Ana Lorenza varias décadas atrás durante los primeros años de vida de su madre, Anilia, y su tía, Mariela.
Apodado Felito, el rey del brillo por su oficio como lustrador de zapatos en su natal Guantánamo, provincia ubicada en el oriente del país a 930 kilómetros de La Habana, Pérez acudió a la Sierra Maestra a los 14 años de edad para luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958), según refirió su nieta a Sputnik.
"Precisamente, por su infancia triste, dura y áspera, le concede un valor inmenso a la familia que logró formar. Él siempre ha sido una de las personas más importantes, está presente en todos mis momentos significativos, es mi príncipe y mi primera y última llamada del día. No me limito para demostrarle mi amor en redes sociales y en la cotidianidad ", contó la joven.
Mazón, quien trabaja como jefa de Comunicación en la empresa de software Dofleini, valoró la pertinencia del nuevo Código de las Familias, cuya versión 25 se someterá a la aprobación popular mediante referéndum el próximo 25 de septiembre, en 21.000 colegios electorales del territorio nacional, desde las 7:00 am y hasta las 18:00 (hora local).
"Me alegra que, finalmente, las personas como mi abuelo tengan derechos y estén amparadas por un documento legal que les otorgue la posibilidad de convivir, influir y acompañar a sus seres queridos y, ante situaciones como el divorcio o una separación, apelar a esas herramientas", puntualizó.
La elaboración del Código implicó un proceso de debates y consulta popular entre el 1 de febrero y el 30 de abril de este año, que involucró a más de 6,4 millones de cubanos.
Amador Echevarría refirió que el 15 de mayo último la Comisión Redactora del Código de las Familias recibió los resultados del proceso de consulta popular. De acuerdo con el Consejo Electoral Nacional, más de 61,96 % de los participantes estuvieron a favor de la totalidad del texto, las propuestas fueron analizadas y tomadas en cuenta las atendibles.
Del 30 de mayo al 1 de junio, la Comisión detalló los criterios emanados de las asambleas de barrio, centros laborales, espacios académicos y estudiantiles. De esas tres jornadas trascendieron 275 intervenciones y decisiones como la imposibilidad de modificar algunos temas, pues implicarían incoherencia con la Constitución y tratados foráneos.
Entre los aspectos que no sufrieron cambios está "el derecho de todas las personas a fundar una familia, contraer matrimonio, constituir una Unión de Hecho Afectiva, la maternidad y paternidad" y otros como "eliminar la noción positiva de la crianza sin violencia, responsabilidad parental y las referencias a la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes".
Según Amador Echevarría, más del 45% texto experimentó transformaciones, entre ellos la ampliación del acápite referido a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones excepcionales y de desastre, y el reforzamiento de la tutela urgente ante la discriminación y la violencia.
Igualmente, se mejoró el apartado alusivo a la comprensión de las fuentes de la filiación y los tipos que esta genera; así como, los supuestos derivados de la multiparentalidad, los artículos del reconocimiento de la filiación por procreación natural o consanguínea y las presunciones asociadas.
"Lo anterior es solo una pequeña muestra de los cambios, pero deja claro que esto solo fue posible a través del sistema democrático participativo cubano, que tiene concebido este intercambio real con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para la construcción de las normas", aseveró el profesor.
El Código apuesta por el matrimonio igualitario, el derecho a una vida familiar sin violencias y la gestación solidaria, aspectos reconocidos por varios grupos del activismo feminista, antirracista y a favor de la diversidad, quienes reconocen el carácter inclusivo de la propuesta.
No obstante, Cuba aún muestra rezagos de una cultura tradicional, advirtió Amador Echevarría, en la generalidad de los casos con enfoque patriarcal y machista. Existen "prejuicios que afectan la comprensión y aceptación de muchos tópicos, así como el desconocimiento de la proyección constitucional de igualdad y no discriminación", subrayó.
De ahí que, enfatizó, algunos ciudadanos prefieran sacrificar el contenido de esta ley solo porque no están de acuerdo o poseen insuficiente información respecto a determinado artículo. A ello se suma la pluralidad de miradas de los grupos generacionales y las denominaciones religiosas.
"Soy un convencido que la reticencia viene a partir de posiciones fundamentalistas de no todos los miembros de estas organizaciones y de una parte de la sociedad que, aunque no profesa algún credo, está en desacuerdo con la normativa. No es un Código solo para un sector, sino de aplicabilidad a toda la sociedad", indicó.
Tras el cierre del proceso de consulta el pasado 30 de abril, los impulsores de la campaña a favor de la no aprobación arguyeron sinnúmero de mentiras, como un supuesto adoctrinamiento de niñas, niños y adolescentes o la eliminación de la patria potestad, denominada en el nuevo orden jurídico como responsabilidad parental.
Durante estos meses, juristas, estudiantes de derecho y miembros de las Comisiones Electorales explicaron, desde diversos espacios de debate, los elementos contenidos en el proyecto de ley y esas opiniones conformaron una versión examinada y aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 22 de julio último.
"La campaña del NO, además de cuestionar la legitimidad del Código y sus contenidos, trata de atacar la figura de los principales líderes y autoridades de la nación caribeña, cuando a diario somos partícipes del esfuerzo y voluntad política de hacer prevalecer los derechos de todos y todas en igualdad de condiciones", sentenció Amador Echevarría.
El ensayista y doctor en Ciencias Históricas Julio César González Pagés señaló que, una vez más, el enfrentamiento político pone en peligro la garantía de derechos. A su juicio, la no aprobación implicaría la demora de la unión legal de las personas del mismo sexo de manera legítima y la garantía de las mismas opciones de las parejas heterosexuales.
El experto reseñó capítulos del pasado cubano como la aceptación del sufragio femenino, que transitó desde la Constituyente de 1991 hasta su consentimiento por decreto presidencial en enero de 1934 y la expulsión, hace 200 años, de la suiza Enriqueta Favez por casarse vestida de hombre con otra mujer. "Su vida, prestigio y profesión se fueron junto con ella al destierro".
"Los derechos civiles para todas las personas no deben ser moneda de cambio a favor o en contra de una ideología, demasiadas víctimas de esta práctica machista, heteronormativa y patriarcal tiene nuestra historia", añadió el también coordinador general de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades.
