La CIJ exigió que el país hebreo tome medidas inmediatas para proteger los derechos de los palestinos y cesar todas las actividades que puedan constituir genocidio. Entre las medidas a tomar se exigió a Israel "prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio" contra los palestinos en Gaza. También reclamó que "permita la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia".
Israel también debe impedir, dentro del ámbito de la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio, la matanza de palestinos y no debe causarles graves daños físicos o mentales ni infligirles condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial. Tampoco debe imponerles medidas destinadas a impedir nacimientos.
El Gobierno israelí tiene hasta el próximo 23 de febrero para informar a la CIJ sobre lo que ha hecho en relación con el dictamen. Altos funcionarios han señalado que solo se aprecia una mejora marginal y progresiva desde el fallo. Sin embargo, otro comentó: "Es más seguro decir que es terrible y está empeorando". Desde la orden judicial, al menos 1.755 palestinos han sido asesinados en Gaza.
Albanese ha señalado en una entrevista que la violencia y la demolición de infraestructura civil continuaron, agravando las duras condiciones de vida en Gaza, y que eso significa que las muertes no son únicamente el resultado "de bombardeos y ataques de francotiradores". "También ocurren debido a la escasez de suministros y tratamientos médicos y, lo que es más preocupante, debido al acceso inadecuado a alimentos y agua potable, lo que obliga al consumo de agua contaminada", agregó.
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, aseguró que Israel tiene un compromiso "inquebrantable" con el derecho internacional. Sin embargo, también justificó que como "todo país, Israel tiene el derecho inherente a defenderse". "El vil intento de negar a Israel este derecho fundamental es una discriminación flagrante contra el Estado hebreo", agregó.
No obstante, Yussef Al Tamimi, profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), señaló que la jurisprudencia de la CIJ especifica que los Estados tienen la responsabilidad de "emplear todos los medios razonablemente a su alcance a fin de prevenir el genocidio en la medida de lo posible". Al Tamimi enfatizó que eso se aplica igualmente a los Estados con "la capacidad de influir eficazmente en las acciones de personas que probablemente cometan o ya estén cometiendo genocidio".
Esta interpretación impone obligaciones más estrictas a los Estados que brindan asistencia financiera, militar y en el campo de la inteligencia a la campaña de Israel en Gaza, destacó Al Tamimi. Con base en esa premisa, los abogados de Sudáfrica tienen la intención de presionar más para que Israel cumpla con las órdenes de la CIJ y para que países terceros cumplan con sus obligaciones.