El primer fallo del panel compuesto por 17 jueces no aborda la cuestión principal de si el país hebreo está cometiendo genocidio, sino que examina posibles medidas de emergencia, entendidas como una especie de orden de restricción, mientras estudia el caso en su totalidad, lo que normalmente podría llevar años.
El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación con los actos "de carácter genocida" cometidos en la Franja de Gaza y buscar la suspensión urgente de la campaña militar israelí.
La decisión de Sudáfrica de demandar al país hebreo fue apoyada por la Organización de Países Islámicos, formada por 57 Estados, así como por Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia, Venezuela, Maldivas, Namibia, Pakistán y más de 900 organismos y grupos sociales.
Tel Aviv rechazó las acusaciones durante las audiencias y manifestó que es la ONU quien debería someterse a juicio. "Es la ONU la que debería ser juzgada en La Haya por hacer la vista gorda y, por tanto, actuar como cómplice en la excavación de túneles terroristas en Gaza, en el uso de ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes, y en la educación del odio y el asesinato", aseveró Gilad Erdan, representante permanente israelí ante el organismo internacional.
Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, declaró que Berlín se opone a la "instrumentalización política" de la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio e insiste en que "Israel se defiende contra el ataque inhumano de Hamás". Añadió que las acusaciones de Sudáfrica contra Tel Aviv "no tienen fundamento", por lo cual Berlín tiene la intención de intervenir como una tercera parte durante la audiencia principal.