De las resoluciones de la Corte Constitucional se desprende que habrá un período de transición —hasta el 1 de enero de 2026— para la plena integración de los nuevos territorios en el sistema económico, financiero y legal de Rusia. A todas las etnias que habitan en los nuevos territorios se les garantiza la preservación de sus respectivos idiomas y el derecho a la educación en lengua materna.
En septiembre de 2017, Ucrania ya aprobó una polémica ley que anteponía el uso del ucraniano en el proceso educativo frente a las lenguas de las minorías, algo que fue condenado por los Gobiernos de Hungría, Rumanía y Rusia. Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, retiradamente declaró que las autoridades ucranianas llevan muchos años implementando una desrusificación agresiva y una asimilación forzada de los ciudadanos, mientras "los países occidentales mostraron una total indiferencia" a que Ucrania se convirtiera en un Estado antirruso.
Dentro del plazo de 10 días después de consumada la incorporación, el presidente de Rusia nombrará a jefes interinos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Jersón y Zaporozhie.
Ahora los acuerdos deben ser ratificados por ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma del Estado y el Consejo de la Federación, respectivamente.
Las solicitudes del mandatario ruso para que se compruebe la constitucionalidad de los acuerdos de adhesión llegaron el 30 de septiembre a la Corte Constitucional, después de que Vladímir Putin los firmara en una ceremonia oficial en el Kremlin.
La firma siguió a los referendos que estos territorios celebraron del 23 al 27 de septiembre, y en los que el 'sí' a la unión con Rusia ganó por mayoría abrumadora.
