Según detalla el Centro Africano de Estudios para la Justicia y la Paz, Maryam Alsyed Tiyrab, de 20 años, fue condenada el pasado 26 de junio, luego de que un investigador de la Policía obtuviera de manera ilícita una presunta confesión.
El supuesto crimen, señalan los reportes, habría sido cometido después que la mujer se separara de su esposo y regresara a vivir a casa de sus padres.
De acuerdo con el referido organismo, durante el juicio, además, se cometieron una serie de irregularidades, como el inicio del proceso judicial sin una denuncia formal de las autoridades y la carencia de representación legal para la acusada.
Ante esta situación, el grupo de derechos humanos pidió a la Corte Suprema, que aún debe validar el fallo del tribunal estatal, anular la condena, ya que representa una violación al derecho internacional. En particular, contraviene la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por la nación africana en agosto pasado.
Según la ley islámica, aplicada en Sudán del Sur, los 'delitos Hudud', que incluyen la apostasía (negación o renuncia a la religión), el robo, el asalto, el adulterio, la calumnia y el consumo de alcohol, conllevan penas tales como la amputación de extremidades, la flagelación y aun la muerte.
