Los actos vandálicos pueden ser vistos como una respuesta al anuncio del Estado de Excepción que el gobierno chileno decretó este 12 de octubre y que en principio se extenderá por 15 días, en las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía y la de Arauco en el Biobío. No podemos olvidar que, en esa región, la violencia aumentó un 40% en el último año. Esta medida abre la posibilidad de restringir las libertades de locomoción y de reunión, y de decretarse toques de queda.
La quema de los templos se produjo con cuarenta minutos de diferencia, ambos en el sector sur de la comuna de Tirúa, Región del Biobío. Según informaciones de las autoridades de la región, el primer templo, perteneciente a la iglesia evangélica Nuevo Pacto Pentecostal Cristiana, situada en el sector Bajo Quilantahue, fue incendiada a las 2:30 horas. El segundo incendio ocurrió en la zona de Primer Agua, a las 03:10 horas, consumiendo una capilla católica. En ambos casos, los templos fueron completamente consumidos por las llamas.
Según las autoridades locales, «estos hechos afectan el legítimo ejercicio del derecho de culto, garantía constitucional que nuestro ordenamiento jurídico protege«. Se están llevando a cabo las pericias que hagan posible esclarecer los hechos y encontrar a los culpables de estos actos vandálicos.
El arzobispado de Concepción ha emitido una declaración pública en la que se manifiestan “en relación a los atentados incendiarios que han sufrido las capillas católicas y evangélicas en la comuna de Tirúa”. Desde la iglesia local se lamenta “profundamente estos actos de violencia que, además de inconducentes, no aportan en nada a la solución de los graves problemas políticos, sociales y económicos que aquejan al país y a la zona de Arauco”.
Una vez más, como ya han hecho ver en repetidas ocasiones las diócesis de la región y la Conferencia Episcopal de Chile, de la que Mons. Fernando Chomali, arzobispo de Concepción, es vicepresidente, se insiste en que “solo a través del diálogo se podrán lograr soluciones justas y adecuadas a las dolorosas situaciones humanas de toda índole aún presentes en esa zona del país”.
En la declaración, la Iglesia de Concepción insiste en que “reprobamos estos hechos y lamentamos el daño que se realiza a quienes profesan la fe, que, además, hiere un aspecto fundamental del ser humano, la libertad religiosa”.
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Ante ello se denuncia que “urge la necesidad de atender adecuadamente a la población de Arauco quienes, por muchos años, han estado rezagados y no han visto en la práctica un real interés por parte de toda la sociedad chilena frente a su situación de pobreza, marginación y desamparo”.