Con el líder bolivariano Hugo Chávez como estandarte, un conjunto de organizaciones sociales y territoriales de Caracas articuladas en el Movimiento de Pobladoras y Pobladores salió a las calles con un documento que plantea la convocatoria a un nuevo ciclo de movilización popular por hábitat y vivienda.
Hoy está en riesgo el derecho al suelo y la vivienda digna de millones de familias venezolanas, alertan desde el Movimiento de Pobladoras y Pobladores, una plataforma de lucha nacida al calor de la revolución bolivariana pero que tiene sus orígenes en las asambleas barriales formadas en la década de los 90 cuando se pretendió implantar el neoliberalismo en Venezuela.
Al bloqueo impuesto por Estados Unidos —resume el documento titulado A 10 años del manifiesto de la Revolución Urbana: ¡Vivienda, Autogestión, Comuna!—, que redujo drásticamente el ingreso nacional y afectó la capacidad de inversión para viviendas, se le suman los desalojos forzosos, la devolución de inmuebles recuperados y la criminalización de las familias que rescatan viviendas desocupadas o subutilizadas.
"Les decimos a los sectores del capital que no permitiremos que pretendan imponer una agenda de retroceso a los suelos ociosos, a los desalojos forzosos, a las estafas inmobiliarias y a la privatización de la ciudad", denunció Juan Carlos Rodríguez, referente del Movimiento de Pobladores, luego de entregar un petitorio en la Asamblea Nacional.
Para Rodríguez, el Parlamento venezolano debe incorporar al tratamiento actual de la reforma del Código Penal la despenalización de la ocupación popular de tierras e inmuebles desocupados, e impulsar una ley para reconocer la autogestión que garantice recursos para que las organizaciones populares produzcan sus propias comunidades.
"Esos son dos aspectos que nos parecen fundamentales, además de que hoy es el Día Mundial del Hábitat y de los Sin Techo, esperamos que esas dos luchas históricas del movimiento popular venezolano puedan ser consideradas en la Asamblea Nacional para su debate", concluyó Juan Carlos Rodríguez.
Según un censo realizado en 2018 por la Alcaldía de Caracas, el déficit habitacional afectaba a más de 200.000 hogares.
"Hasta el año 2014, el tema de la vivienda no estaba entre los principales problemas para la gente; hoy a pesar de que llegamos al hito de 3,7 millones de viviendas entregadas por la revolución en el país, con la Gran Misión Vivienda Venezuela, todavía hay mucha necesidad", señala a Sputnik el diputado Rigel Sergent.
Sergent, quien es además dirigente del Movimiento de Pobladoras y Pobladores, explica que la política de hábitat y vivienda impulsada por el Gobierno de Hugo Chávez junto con los movimientos populares enfrenta hoy una crisis producto del bloqueo impuesto por Estados Unidos.
Sin embargo, sostiene que incluso en circunstancias económicas críticas como las actuales, el Estado debe asumir un rol para garantizar el derecho a una vivienda digna a todas las familias venezolanas, y hacer respetar el marco jurídico creado en revolución.
El diputado cita como ejemplos la Ley de regulación de la tenencia de la tierra urbana, el decreto contra los desalojos arbitrarios de 2011 y la Ley de regulación y control de arrendamientos que protege a los inquilinos, todas iniciativas de las organizaciones del poder popular.
"Porque no se trata solo de construir nuevas viviendas, también el Estado debe poner mano a los grandes tenedores de viviendas, dueños de decenas de edificios que nosotros llamamos latifundistas urbanos, gente con mucho poder económico para quienes la vivienda es una mercancía", dijo Sergent.
