La sentencia fue dictada la semana pasada, pero el párroco se encontraba en prisión desde septiembre del año pasado, cumpliendo una orden judicial emitida por el juzgado de Breves, en el Archipiélago de Marajó. La denuncia fue realizada por el Fiscal 1º de Breves, el año pasado.
Según la demanda, el imputado utilizó el rol de pastor y líder religioso para atraer a los adolescentes del grupo de jóvenes de la iglesia en la que se congregó, en el barrio Riacho Doce, y así tener libre acceso a las residencias y ganarse la confianza de los familiares.
Las investigaciones comenzaron en julio de 2020, cuando el delegado Tamires Teixeira, de la Comisaría de Atención a Menores y Adolescentes de Breves, escuchó denuncias de abusos de testigos que empezaron a sospechar del comportamiento del pastor. Se comportaba de manera extraña con niños y adolescentes.
Hubo denuncias de que Carlos Alberto da Silva ofreció teléfonos celulares, paquetes de internet y otras ventajas económicas a cambio de favores sexuales de las víctimas. En el caso más grave, el pastor estaba en una relación con un adolescente de 13 años, con quien grabó varios videos íntimos.
Luego de una orden judicial de pericia en los dispositivos del pastor, se encontraron conversaciones y materiales almacenados, como fotos y videos, con contenido explícito con menores, que también caracteriza el delito de pedofilia. En el proceso se comprobó que un adolescente de 13 años fue víctima de violación.
Según el Fiscal 1º de Breves, “quedó comprobada la obsesión malsana que alimentaba el pastor en relación a este adolescente, incluso con la intención de vivir y tener sexo con él”. También se verificó en conversaciones que el preso aseguraba ser de Francia y se encontraba en Breves para llevarse discípulos a su regreso a ese país.
La Fiscalía destacó la importancia de las víctimas, sus familias y la comunidad en la denuncia de casos de abuso y explotación sexual que involucran a niños, niñas y adolescentes.
