Los límites marítimos actuales, que benefician a Chile, prevalecían desde los tratados de 1952 y 1954
El presidente de la CIJ, Peter Tomka, comenzó a leer el fallo al que han llegado los 15 jueces de esta máxima instancia judicial de Naciones Unidas a las 11 y terminó de emitir el veredicto dos horas después. La sentencia es de obligado cumplimiento e inapelable.
Los presidentes de Perú y Chile, Ollanta Humala y Sebastián Piñera, respectivamente, así como las fuerzas armadas de ambos países, han reiterado que acatarán y cumplirán la sentencia.
Los mandatarios habían acordado comunicarse telefónicamente apenas conocido el fallo, antes de entregar una versión oficial a la ciudadanía. El presidente chileno también tiene previsto hablar con la presidenta electa, Michelle Bachelet, quien asumirá su segundo mandato el 11 de marzo.
Piñera esperó el fallo en el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno, y después de se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras legislativas, y los presidentes de todos los partidos políticos del país.
DISCREPANCIAS
Las primeras discrepancias van de la mano del plazo de la implementación de la determinación de la CIJ, aun cuando los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y Perú, Ollanta Humala, se comprometieron a aceptarlo y cumplirlo en virtud del Pacto de Bogotá de 1948.
"El fallo es jurídicamente exigible y mandatorio para ambos países desde el momento de su lectura. Para el Perú es de alto interés ponerle punto final a esta controversia en el más breve plazo", dijo ayer la canciller peruana, Eda Rivas. Eso fue interpretado como una contradicción a los dichos del presidente Piñera, que tras reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional chileno, la semana pasada, había manifestado que su ejecución sería gradual.
"No es posible el cumplimiento inmediato del fallo y eso el presidente Humala lo sabe muy bien", señaló Piñera.
EL TERRITORIO
La Haya debió pronunciarse sobre la disputa alrededor de 38.000 kilómetros cuadrados de mar que Perú reclama como suyos, y que hoy pertenecen a Chile.
Lo que está en juego no es tanto una transferencia de territorio, en este caso marítimo, sino los derechos económicos exclusivos como pesca, minería y gas, sobre esa zona que actualmente está bajo soberanía chilena, incluida un área de 200 km cuadrados de su mar territorial con gran actividad pesquera.
Perú además reclama "derechos soberanos exclusivos en la zona marítima situada en el límite de las 200 millas de su costa".
Pese a los insistentes pedidos del gobierno peruano a su población para no agitar las aguas y mantener la buena sintonía con Chile, las viejas rencillas que se remontan a la confrontación militar de 1879-1883, en la que Perú perdió parte de su territorio sur, siguen latentes.
Bolivia, que en abril de 2013 presentó a su vez una demanda en la CIJ contra Chile, al que reclama una salida al Océano Pacífico, estará pendiente del fallo ya que considera que ello puede incidir en su caso.
