A través del informe anual presentado este lunes por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el 58.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se alertó que la situación en ese aspecto en Colombia se dilata por la continua presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como las estrategias violentas de control social que aplican e impactan contra la población civil.
Tal situación genera, además, riesgos para la gobernabilidad en los territorios, donde las comunidades creen cada vez más que el conflicto armado interno solo ha empeorado a pesar de la firma de los acuerdos de paz de 2016 con las extintas FARC-EP, esto con base a un estudio de la ONU de 2023 que señala que el 79 % de las personas encuestadas advertían que la guerra interna podía volver o que simplemente se había mantenido.
Además, según el estudio que analiza la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, la violencia armada en Colombia "afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas", que se encuentran "en riesgo de exterminio", a los afrodescendientes, campesinos y sectores que se encargan de elaborar "procesos organizativos de base".
En el informe también se denuncia que "los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica en los territorios", entre ellos: autoridades indígenas, consejos comunitarios y directivos de las Juntas de Acción Comunal.
Para ello, las organizaciones delictivas o grupos que están fuera de la legalidad, se aprovechan de la pobreza y la pobreza extrema, que a su vez se alimenta de la escasez de oportunidades laborales para mejorar los ingresos familiares, entre otras fallas graves como educación, salud, vivienda y de economías sustentables no vinculadas a la actividad delictiva.
Además, estos grupos irregulares promueven la creación de nuevas organizaciones armadas para defender sus intereses y en algunos casos, buscan instrumentalizar a la población para cumplir con sus objetivos. Así mismo, imponen control social y territorial, imparten su forma de "justicia", que en el caso de las guerrillas se dirige especialmente contra la delincuencia y la violencia intrafamiliar.
Por ejemplo, dice el estudio, la percepción de que las organizaciones criminales y los grupos guerrilleros son responsables de impartir 'justicia' en los territorios, ha aumentado del 8,8 % en 2021 al 22,4 % en 2023. En cambio, la percepción del Estado en ese aspecto cayó de forma importante al pasar de 73,6 % en 2021 a 52,9 % en 2023.
"El conflicto es una de las principales causas de la pobreza en el país, donde los grupos armados no estatales expulsan personas de los territorios, limitan el acceso a derechos como salud, educación o vivienda, y extorsionan a propietarios de pequeños negocios", dice parte del estudio que muestra el incremento de los desplazamientos y los confinamientos forzados de personas, las masacres, los asesinatos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, de firmantes de paz y población vulnerable como la indígena y la afro.
Otro aspecto preocupante de la realidad violenta en Colombia, según la ONU, es "la polarización de la sociedad colombiana, basada, entre otras cosas, en el odio racista y prejuicios contra los afrodescendientes".
Igualmente, afecta a los derechos humanos, la presencia de empresas trasnacionales, entre otras compañías que están centradas en la explotación de recursos naturales a gran escala, producto del modelo histórico económico del país, hecho que ha marginado sistemáticamente a grupos locales como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y campesinos.
Para cambiar esta situación, el Estado debe desarrollar "a la mayor brevedad" varias políticas, entre ellas, las destinadas a desmantelar los grupos irregulares, mientras implementa "de forma integral y efectiva la política de seguridad territorial", cuestión que debe ser un punto central en los diálogos y negociaciones con los grupos armados irregulares, así como el fin del reclutamiento de menores de 18 años y la liberación inmediata de niños y niñas que fueron reclutados.