"En caso de decomiso de activos, nos guiaremos por el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, que establece un derecho inalienable de represalia", comentó Zajárova.
La vocera agregó que Rusia tiene una cantidad significativa de fondos y propiedades occidentales en su jurisdicción que pueden ser objeto de sus acciones.
"Tampoco escatimaremos ante los intentos de utilizar las reservas rusas inmovilizadas como garantía de bonos que supuestamente podrían ser emitidos por Occidente con el fin de atraer capital privado para financiar el régimen de Kiev. Los individuos y fondos que se atrevan a comprar tales instrumentos financieros serán los primeros candidatos a caer bajo 'contrasanciones' con consecuencias de largo alcance para las perspectivas de sus actividades internacionales", advirtió.
Tras el inicio de la operación militar especial rusa el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea (UE) y los miembros del Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, bloquearon casi la mitad de los activos rusos en el extranjero, que ascendían a unos 300.000 millones de euros.
La propuesta del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, prevé que el 90% de los ingresos de los activos rusos se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el otro 10%, al presupuesto de la UE para posibles gastos imprevistos e indemnizaciones relacionadas con Ucrania. La aprobación de la propuesta requerirá un voto unánime de los países miembros del bloque comunitario.
La medida económica —la más fuerte tomada contra un Estado en mucho tiempo— ha sido severamente criticada por el Gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, que la describe como una medida que atenta directamente contra el derecho internacional.