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La más llamativa de las medidas acordadas es la cofinanciación de barcos cargados de agua para abastecer a la Comunidad Autónoma más poblada del país, con más de ocho millones de habitantes, al igual que ya se contempla en Cataluña.
Se trata de una acción de último recurso, que se plantea ante la posibilidad de que las reservas hídricas continúan cayendo. La medida se acordó el jueves, en un encuentro entre ambas autoridades en el Palacio de San Temo de Sevilla, el tercero que mantienen en cinco meses para abordar el problema.
La opción plantea la posibilidad de enviar agua desde desaladoras de otras zonas del país en barcos que podrían trasportar 100.000 metros cúbicos al día a los puertos de Algeciras, Málaga y Carboneras.
La Administración central asumirá el coste de la producción de agua en las desaladoras que no estén a pleno rendimiento, mientras que el Gobierno regional financiará el precio del transporte hasta los puertos.
Moreno concretó que el plan tendrá un coste para su administración de 20 millones de euros para los cuatro meses de verano, 5 millones al mes, según recogen medios como El Confidencial.
Por su parte, Ribera especificó que el coste de la producción de agua desalada ronda los 60 o 70 céntimos el metro cúbico, por lo que la carga de cada barco oscilará entre los 60.000 y los 70.000 euros, lo que se traduce en alrededor de 2 millones de euros al mes.
Las dos administraciones también se comprometieron a la reactivación de obras hidráulicas prioritarias, el impulso a los proyectos de desaladoras pendientes de ejecución y la captación de agua desde cuencas próximas a Andalucía, según un comunicado emitido por el Gobierno regional.
También se ha zanjado el desencuentro por el Parque Nacional de Doñana. Tras el histórico pacto alcanzado en noviembre, Transición Ecológica paralizó el acuerdo después de que la Junta aprobase un decreto que recuperaba parte de una ley tumbada para regularizar nuevos regadíos en el entorno de la reserva natural.
La paz volvió cuando el Gobierno de Andalucía se comprometió a reformar la norma en el sentido de los acuerdos alcanzados hace cuatro meses con el Ministerio.