Al menos 40 abogados de Sudáfrica, así como de EEUU y el Reino Unido, han expresado su interés en apoyar y participar en una demanda civil colectiva que se presentará contra Washington y Londres por su implicación en las numerosas muertes durante la operación israelí en el enclave palestino.
"Sudáfrica no experimentó ninguna forma de apartheid en comparación con lo que están experimentando en Gaza, que no puedes ni siquiera salir de tu país, no tienes libertad de movimiento. Todos los derechos que uno da por sentados, esta gente no los tiene", declaró a Sputnik Wikus van Rensburg, abogado sudafricano e impulsor de la acción legal.
Al explicar la naturaleza de la demanda, Rensburg subrayó que, mientras que la sentencia de la CIJ en el caso de genocidio en curso interpuesto por el gobierno sudafricano contra Israel servirá de guía para la demanda colectiva civil contra Washington y Londres, la búsqueda de justicia para la población de Gaza prevalece sobre cualquier precedente jurídico.
"La idea es que la sentencia de la CIJ nos sirva de orientación para evaluar cuál sería la mejor forma de enfocar nuestra demanda contra estos dos países. Sin embargo, no estamos obligados por la CIJ ni por lo que determine, porque en última instancia, para nosotros, se trata de una cuestión de justicia y de la forma en que la población de Gaza es tratada con los continuos bombardeos, y del daño que sufre la población civil dentro de estas diferentes zonas", declaró el abogado.
"Lucharemos no solo por un puñado de individuos, sino por toda la población de Gaza y, posiblemente, también de Cisjordania", explicó Rensburg.
Al hablar de las atrocidades cometidas por Israel en el enclave palestino, percibidas en el contexto de la demanda, Rensburg señaló el bombardeo de edificios, la pérdida de vidas inocentes por el derrumbe de estructuras y el profundo trauma experimentado por niños y mujeres.
Subrayó el excesivo número de víctimas civiles que ha superado los 24.000, con un alarmante porcentaje de niños entre las víctimas. Rensburg expresó su profunda preocupación por las supuestas justificaciones esgrimidas por Israel, en particular la noción de "daños colaterales" en el incesante conflicto.
"Un tercio de las personas que mueren son niños. Sinceramente, los niños no son daños colaterales de ninguna guerra, ni tampoco las mujeres. Ellos no se apuntaron a esto y la excusa que Israel está utilizando para decir que mira, ellos notifican a la gente, es simplemente lamentable", afirmó Rensburg.
"Lo siento, pero la justicia dice que hay limitaciones a la legítima defensa (...) uno no puede usarla como manta para tapar un bombardeo en alfombra", agregó el abogado.
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, alegando que los continuos ataques de Israel contra la Franja de Gaza violan la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio, firmada en 1948 tras el Holocausto. Recientemente, el tribunal ha celebrado dos vistas sobre el caso.
Al abordar el caso de genocidio en curso en la CIJ, Rensburg arrojó luz sobre la defensa de Israel, haciendo hincapié en que el enfoque inicial se centró en plantear cuestiones preliminares y jurisdiccionales, posiblemente como una táctica para impugnar la admisibilidad del caso presentado contra el país.
Expresó su escepticismo sobre la solidez de la defensa de Israel, sugiriendo que los puntos preliminares planteados podrían servir para retrasar el caso en lugar de presentar una refutación sólida a las acusaciones de Sudáfrica. "Han planteado el aspecto de la autodefensa, Israel tiene derecho a defenderse. Eso no se discute. Sin embargo, la legítima defensa tiene sus límites", destacó Rensburg.
"Si alguien te ataca con la mano, y tú sacas una pistola y matas a esa persona, no puedes alegar defensa propia porque estás sobrepasando los límites de la defensa propia", explicó.
Al abordar el vínculo entre las responsabilidades de Estados Unidos y el Reino Unido y las acciones de Israel, Rensburg mencionó los marcos jurídicos que sustentarían las demandas contra estos dos países occidentales. Se refirió a una legislación estadounidense específica relativa a las acciones de gobiernos extranjeros en el contexto de la guerra, aludiendo a la necesidad de navegar por las leyes internacionales que rigen la guerra y los crímenes de guerra para fundamentar la demanda.
El abogado compartió que se buscará que estas acciones legales sean demandas colectivas, lo que significaría un enfoque inclusivo para abordar las repercusiones negativas sobre las personas afectadas por la supuesta complicidad occidental en el apoyo a Israel.
El jurista sudafricano señaló que su equipo presentará dos demandas separadas, la primera ante una corte federal estadounidense, probablemente en Nueva York, donde el equipo se ha puesto en contacto con un bufete de abogados local para que le ayude, y la otra ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.
"En una demanda colectiva, hemos experimentado y observado que el tribunal al que te diriges es el Tribunal Federal que ejerce jurisdicción sobre un gobierno que puede proporcionarte una sentencia favorable y suficiente [y] llevarte a reparar el mal que se ha cometido", argumentó Rensburg.
El caso puede poner de relieve la responsabilidad de las naciones que apoyan a entidades que incurren en conductas injustas, lo que supone una implicación más amplia en el marco del derecho internacional, subrayó el jurista.
Destacó la importancia de establecer mecanismos de justicia y socorro para los afectados por el conflicto, y previó un resultado que permitiera a las personas afectadas solicitar reparación por las penurias que han padecido.
Hablando de los criterios para un resultado satisfactorio, Rensburg subrayó la importancia de una sentencia a su favor, que allanara el camino para una compensación económica y permitiera a las comunidades afectadas reconstruir, acceder a tratamiento médico y superar los efectos sicológicos del conflicto. Expresó su compromiso de obtener reparaciones sustanciales, reconociendo la gravedad de las repercusiones sufridas por la población civil en Palestina.