La fiscal del caso que estuvo a cargo de la acusación, Valeria Panozzo, había pedido en el juicio de determinación de la pena que se le impusieran 12 años de prisión.
Los delitos por los cuales el imputado fue juzgado y ahora condenado son abuso sexual gravemente ultrajante –continuado- en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente y por ser el acusado ministro de un culto, en carácter de autor (artículos 119 segundo tercer y cuarto párrafo incisos “b” y “f”, 45 y 54 del Código Penal).
La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal es que D.A.G abusó sexualmente de la hija de su pareja, de forma continuada, en fechas indeterminadas pero entre octubre de 2016 y noviembre de 2020. Los ataques ocurrieron en una vivienda en la que convivían, ubicada en un barrio de la ciudad de Centenario. El imputado aprovechaba su condición de Pastor de una Iglesia Evangélica para ocultar los abusos.
La defensora de los derechos de Niñez y Adolescencia Andrea Rapazzo, que interviene como querellante en representación de la víctima, también había requerido 12 años en la audiencia de determinación de la pena.
El tribunal encargado de fijar la condena, compuesto por dos jueces y una jueza, adelantó la sentencia y estableció la pena en 10 años y 6 meses de prisión. Los magistrados comunicaron que la sentencia completa con los argumentos mediante los cuales arribaron al veredicto, será remitida electrónicamente a las partes dentro del plazo legal.
Finalmente los jueces ordenaron la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS)