El reciente episodio que atiza a la controversia entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y de Mohamed Irfaan Ali, surgió tras la decisión unilateral de Guyana de convocar a un proceso de licitación para que empresas multinacionales operen en bloques petrolíferos y gasíferos ubicados en territorio marítimo del Esequibo.
La medida de Georgetown ha sido repudiada por Caracas, lo que ha provocado un preocupante aumento en las fricciones y diferencias que tienen ambos Estados suramericanos sobre la soberanía y el control de los incalculables recursos energéticos y naturales que están dentro la zona en disputa.
El canciller venezolano, Yván Gil, señaló el martes que el presidente de Guyana "pretende arrogarse" una facultad que no le compete al convocar "un ilegal proceso de licitación de bloques petrolíferos y gasíferos costa afuera en territorio marítimo no delimitado".
A través de un comunicado, Venezuela rechazó "enérgicamente la ilegal ronda de licitación", debido a que esa medida unilateral "pretende disponer de áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países".
"El Gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marítimas y en consecuencia cualquier acción en sus límites es violatoria del Derecho Internacional, mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela", advirtió Caracas.
Venezuela también calificó de "inaceptable" y "violatorio de sus derechos soberanos" sobre el Esequibo, "cualquier concesión ilícita y arbitraria que Guyana otorgue, haya otorgado o pretenda otorgar en las áreas en cuestión", por lo que advirtió que estas acciones "no generan ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso".
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró el miércoles de esta semana que Georgetown actúa de manera ilegítima al intentar disponer de un territorio del que no tiene soberanía.
"No permitiremos que Guyana disponga unilateralmente de territorio marítimo aún no delimitado", dijo la alta funcionaria venezolana a través de la red social X, donde comentó que ante cualquier escenario, "Venezuela hará valer sus legítimos derechos" sobre el Esequibo.
Rodríguez también respondió a unas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro —instancia de la que Venezuela salió en 2019—, luego de que el funcionario calificara como "tácticas intimidatorias" los pronunciamientos de Caracas contra Guyana porque, a su parecer, socavan "el principio de buena vecindad".
"Reconocemos el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia", añadió Almagro, quien es considerado un enemigo de Caracas, por promover golpes y salidas antidemocráticas e inconstitucionales contra el Gobierno.
"Este esperpento siempre presente cuando se trata de vulnerar el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial. Almagro se suma a la camarilla de empleados de la Exxon Mobil para agredir a Venezuela", denunció la vicepresidenta venezolana.
Por su parte, la cancillería guyanesa replicó en X una imagen con el escrito de Almagro.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó a mitad de semana la "intromisión insolente de los EE.UU." en el conflicto y acusó a Washington de querer manipular y comprar "a través de la Exxon Mobil y el Comando Sur, a los serviles políticos de Guyana que poco a poco han convertido en una colonia a esta nación".
La reacción del mandatario fue en respuesta al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien dijo en X que EE.UU. apoyaba "el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales" y que Venezuela debía respetar "el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899", un fallo jurídico ilegítimo que fue declinado por Gergetown y Caracas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde las partes se comprometieron a conseguir una solución acordada y pacífica.
De igual forma, la cancillería venezolana fijó postura contra el Departamento de Estado de EE.UU. y tachó de "oportunista e injerencista" su posición, porque se suma a "las pretensiones del gobierno guyanés, bajo el tutelaje de la empresa Exxon Mobil", para intentar "desconocer los derechos legítimos del pueblo venezolano sobre su territorio".
"Es insólito que quienes desde hace 200 años inventaron una doctrina utilizada para tratar de validar intervenciones militares, invasiones, golpes de Estado, imposiciones de medidas coercitivas ilegales, ocupaciones y cualquier tipo de injerencia, pretenden ahora justificar este nuevo intento de despojar a Venezuela de sus derechos históricos legítimos", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Caracas denunció que Washington busca "propiciar una peligrosa escalada a una controversia que por años se ha venido abordando a través de mecanismos diplomáticos y pacíficos".
Por tal motivo, Venezuela alertó a la comunidad internacional "de las intenciones estadounidenses de crear, en nuestra Zona de Paz de América Latina y el Caribe, una base militar en la República Cooperativa de Guyana, para convertir a ese país en la punta de lanza de una operación de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, lo que pondría en riesgo la paz y estabilidad de toda la región".
"El Pueblo y el Gobierno de Venezuela, unidos en defensa de la Patria, no cederán ni se dejarán intimidar por presiones, chantajes, ni amenazas", agregó la cancillería venezolana.
En medio de las tensiones, el presidente guyanés dijo el miércoles, durante su discurso en el 78.° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, que el gobierno venezolano estaría atentando "contra la paz y la seguridad internacional".
"Las amenazas por Venezuela no cesan, anoche recibimos un mensaje amenazador por Venezuela en forma de comunicado por colocar bloques de petróleo que estaban en licitación", señaló Ali desde Nueva York.
El mandatario instó al Gobierno venezolano a asumir la demanda que introdujo Georgetown ante la CIJ para definir la controversia sobre el Esequibo, porque a su parecer, las "amenazas" de Caracas afectan la soberanía de su país y las alianzas con sus socios extranjeros.
Además, afirmó que su país tiene el derecho de explotar esos recursos energéticos y advirtió que "Guyana no va a escatimar esfuerzo alguno a la hora de defender su integridad y territorialidad".
El parlamento de Venezuela aprobó el jueves un "Proyecto de Acuerdo en repudio a las insolentes declaraciones" del Departamento de Estado de EE.UU, "en flagrante agresión a los sagrados derechos de Venezuela sobre su territorio de la Guayana Esequiba".
La postura de los integrantes de la Asamblea Nacional (AN) venezolana fue unánime. El diputado opositor, José Gregorio Correa resaltó que el territorio Esequibo es de los venezolanos desde 1.777.
"Tenga la seguridad Venezuela de que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos pensando que se pueden llevar nuestros recursos ante la mirada indiferente porque estemos divididos o porque pensemos distinto unos u otros. Este país nos pertenece a todos, a todos por igual, pensando como pensemos, y esto tiene que ser un motivo de unirnos", dijo Correa.
Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, propuso una "Moción de Urgencia" para convocar "a una gran consulta nacional a través de un Referéndum Consultivo" para que los venezolanos, por vía del voto directo y secreto, tomen decisión y refuercen los "inalienables derechos de Venezuela" sobre el territorio de la Guayana Esequiba".
La propuesta fue aprobada durante la plenaria, con base en el artículo 71 de la Constitución venezolana, que indica que "las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo" por distintas vías, entre ellas, "por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes".
Ahora queda esperar que la convocatoria sea llevada al Poder Electoral, que una vez reciba la propuesta formal, debe estudiarla, debatirla y fijar una fecha, si resulta aprobada, para llamar a la consulta.
La controversia ha escalado en los últimos meses, sobre todo luego de que la CIJ decidiera admitir la demanda de Guyana contra Venezuela para definir la disputa territorial, a pesar que Caracas advirtió que esa Corte no tenía jurisdicción para intervenir.
La disputa se remonta a 1899, cuando en un laudo arbitral unilateral celebrado en París, el Reino Unido le arrebató el Esequibo a Venezuela, una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados ubicada en los límites con Guyana, que fue su colonia hasta 1966.
Venezuela siempre ha defendido su soberanía en esta zona, que para Guyana representa el 70 % de su territorio, aunque lo administre de facto.
Tras el fallo de la CIJ, Caracas dijo que para atender esa "decisión incidental", adoptará "todas las medidas a su disposición" para hacer valer sus derechos. Además, celebró que la Corte reconociera sus pruebas "rigurosas y contundentes", al considerar que "puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido", así como la vigencia del Acuerdo de Ginebra, donde las partes acordaron la búsqueda de una solución pacífica, negociada y mutuamente satisfactoria.
