El juez Edén Aguilar Castro condenó al reverendo José Leonardo Urbina a 24 años de prisión por dos cargos de abuso y 25 años por un cargo de violación.
Sin embargo, Aguilar Castro dictaminó que Urbina cumpliría solo 30 años. La ley nicaragüense limita las sentencias máximas en la mayoría de los casos a 30 años.
Urbina se desempeñó como sacerdote en la parroquia Perpetuo Socorro en el pueblo de Boaco, 90 kilómetros (55 millas) al noreste de la capital, Managua. Fue arrestado en julio por una denuncia de la madre de la víctima.
La Diócesis de Granada expresó “profundo dolor y sufrimiento” en un comunicado sobre la sentencia, y llamó a los fieles a “seguir orando por nuestros sacerdotes encarcelados”.
En junio, un párroco de la ciudad sureña de Nandaime fue sentenciado a dos años de prisión por supuestamente agredir a una mujer, pero luego se retractó de la acusación y fue acusada de perjurio.
La sentencia se produce en medio de una serie sin precedentes de arrestos y tensión entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la iglesia.
En agosto, la policía nicaragüense allanó la residencia del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, y lo arrestó a él y a varios otros sacerdotes que se habían refugiado adentro durante dos semanas después de que la policía estableciera un cordón.
Las autoridades nicaragüenses habían acusado anteriormente al obispo Álvarez, un crítico abierto del gobierno de Ortega, de “organizar grupos violentos” e incitarlos “a realizar actos de odio contra la población”.
El gobierno había cerrado previamente ocho estaciones de radio y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, al norte de Managua. Siete de las estaciones de radio estaban a cargo de la iglesia.
Enormes protestas callejeras en Nicaragua en 2018 pidieron la renuncia de Ortega. Ortega sostuvo que las protestas fueron un intento de golpe llevado a cabo con respaldo extranjero y el apoyo de la iglesia. Desde entonces, su gobierno se ha movido contra las voces de disidencia, incluido el encarcelamiento de líderes políticos de la oposición y el cierre de más de 1000 organizaciones no gubernamentales.
En noviembre, después de encerrar a sus posibles rivales, Ortega ganó un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones que los gobiernos extranjeros calificaron de farsa. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a miembros de su gobierno y familiares.
