La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el momento de presentar los datos, se refirió a ello como “180 personas a las que hemos ayudado a morir de manera digna”. Según Darias, el gobierno considera que “se está desarrollando la ejecución de este derecho adecuadamente” y que “gracias a la entrada en vigor de esta ley, el Sistema Nacional de Salud es más inclusivo y universal”.
Sanidad también informa de que en veintidós de los casos en los que se ha practicado la eutanasia, se han donado los órganos, con los que se han realizado 68 trasplantes. “Celebramos que disponemos de una nueva prestación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud que permite acceder con más garantías a uno de los bienes más valiosos de la condición humana”, ha añadido Darias.
Apenas unas semanas después de las declaraciones de la ministra de Sanidad, el gobierno anunciaba importantes cambios en el Comité de Bioética, el órgano público de carácter consultivo que se había mostrado especialmente crítico con el contenido y la aplicación de la ley, incluso después de su aprobación. Unos cambios que implicaban, principalmente, la sustitución de todos los miembros del organismo excepto uno.
Por otro lado, también se ha registrado un desequilibrio territorial. Por ejemplo, Cataluña (60 casos) y País Vasco (25) son las comunidades autónomas en las que se han practicado más eutanasias y en las que más actividad han desarrollado las Comisiones de Garantía y Evaluación, mientras que Madrid (19 peticiones atendidas) y Andalucía (11 peticiones atendidas) han sido los últimos territorios en establecer estos organismos y comenzar a evaluar y gestionar sus solicitudes de eutanasia.
La Alianza Evangélica Española (AEE) ha reaccionado desde el principio de forma crítica respecto a la normativa. La entidad, ha alertado del “riesgo de la eutanasia a tender a flexibilizarse” y ha analizado la ley a través de un documento estructurado en cinco cuestiones que consideran clave.
Según consideran, “la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinadas condiciones, pero en la práctica facilita o permite que se incluyan innumerables patologías crónicas”.
En respuesta, desde la entidad se han mostrado siempre partidarios de la aprobación de una ley de cuidados paliativos. “La dotación, incentivación e implementación de unidades de cuidados paliativos con equipos bien formados, evita en gran medida la necesidad de esta ley”, han señalado. De momento, el proyecto de normativa que existe respecto a este derecho se encuentra estancado desde 2019.
Según un informe publicado en 2021 por el Journal of Pain and Symptom Management, sobre la calidad de la muerte, España ocupaba el puesto 28, por detrás de países que no cuentan con una normativa similar sobre la eutanasia, como Hungría, Bielorrusia o Botswana.
