El servicio internacional de taxi Uber se valió de grupos de influencia, usó contactos políticos personales y aplicó métodos dudosos desde un punto de vista ético y legal para expandir su negocio y limitar los derechos laborales en decenas de países, según una filtración masiva de datos obtenidos por The Guardian.
Los más de 124.000 documentos confidenciales filtrados al medio revelan el 'modus operandi' de los directivos de la compañía estadounidense en su búsqueda de ventajas sobre las compañías tradicionales de taxi en los mercados internacionales y descubren la implicación de importantes dirigentes políticos, incluido el actual presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Los archivos abarcan el periodo entre los años 2013 y 2017 e incluyen más de 83.000 mensajes electrónicos, incluidas comunicaciones inequívocas entre el entonces director ejecutivo, Travis Kalanick, y un grupo de altos directivos, de las que se desprende que en la compañía eran conscientes de lo poco inmaculado de sus métodos.
Así, en una de las comunicaciones, Kalanick propone contrarrestar las protestas de taxistas en Francia contra Uber —por remodelar el mercado y desplomar los precios— con el envío de taxistas a la manifestación, poniendo así a los conductores en riesgo de ser objeto de la violencia de los trabajadores enojados. Ante las preocupaciones de los ejecutivos, el jefe escribió que cree que "esto vale la pena", porque "la violencia es garantía de éxito".
Los documentos también incluyen mensajes entre Kalanick y Macron, que entonces era ministro de Economía y que habría ayudado en secreto a que Uber se implantara en su país, proporcionando a la compañía acceso frecuente y directo a su persona y a su equipo, e incluso mediando en acuerdos con quienes se oponían al negocio en los órganos gubernamentales.
En los documentos se pone de relieve el desdén expresado por directivos de Uber en relación a ciertos políticos con los que contactaban. Así, uno de los ejecutivos tilda de "verdadero cómico" a Olaf Scholz, actual canciller de Alemania y por aquel entonces alcalde de Hamburgo, por oponer resistencia a los grupos de influencia de Uber e insistir en los sueldos mínimos para los taxistas.
Se menciona también la llegada con retraso del entonces vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, a una reunión de Uber en el marco del Foros Económico Mundial en Davos (Suiza). A este respecto, Kalanick escribió a un colega: "He hecho que mi gente le hiciera saber que cada minuto de tardanza, es un minuto menos que tendrá conmigo".
Tras la reunión con Kalanick, Biden parece que habría modificado su discurso preparado para Davos, para incluir alusiones a la compañía, afirmando que proporcionaría a millones de trabajadores "la libertad de trabajar tantas horas como quieran y gestionar sus propias vidas cómo deseen".
Uno de los documentos revela que para superar la resistencia a la implantación de sus servicios, la compañía destinó 90 millones de dólares en 2016 a cabildeo y relaciones públicas. Con frecuencia, la estrategia de Uber suponía pasar por encima de alcaldes o autoridades de transporte, contactando directamente a personas como el entonces primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el jefe del Gobierno irlandés Enda Kenny o el canciller de la Hacienda británica George Osbourne.
Además de encontrar vías informales de acceso a los líderes políticos, la compañía pagó centenares de miles de dólares a renombrados académicos por publicaciones que apoyasen el modelo económico de Uber.
Comunicaciones internas muestran también que los ejecutivos de la compañía eran conscientes del incumplimiento de las leyes de su compañía en diversos países, incluida Turquía, España, la República Checa, Suecia, Francia, Alemania y Rusia.
"No somos legales en muchos países, debemos evitar hacer declaraciones antagónicas", escribió un alto dirigente.
"Nos hemos convertido oficialmente en piratas", comentó otro las tácticas de Uber destinadas a evitar la aplicación de ley.
Como Uber pasó a estar en el foco de atención de la Policía y de los reguladores en diversos países, la empresa desarrolló un método que podría definirse legalmente como obstrucción a la investigación: en caso de registro de una oficina de Uber, los directivos emitían ordenes urgentes al departamento informático para que cortara acceso a las principales bases de datos de la compañía, a fin de impedir la recogida de pruebas. Conforme a documentos filtrados, este método se aplicó al menos 12 veces durante redadas en Francia, Bélgica, los Países Bajos, la India, Hungría y Rumanía.
En su comentario sobre la filtración, la vicepresidenta para relaciones publicas de Uber, Jill Hazelbaker, admitió que antes de 2017 proliferaban las publicaciones periodísticas sobre sus errores, si bien señaló que la empresa se había transformado drásticamente desde ese año bajo la dirección del consejero delegado Dara Khosrowshahi.
"No hemos dado ni daremos excusas por comportamientos del pasado que, claramente, no están en línea con nuestros valores actuales. En cambio, pedimos a los ciudadanos que nos juzguen por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y por lo que haremos en los próximos", declaró.
Tras realizar una investigación de los documentos filtrados, The Guardian compartió los datos con numerosos medios a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por lo tanto, se espera que decenas de medios internacionales publiquen en los próximos días sus propios materiales sobre una compañía que se ha convertido en un gigante de servicios valorado en 43.000 millones de dólares.