La semana pasada, recibieron con gran alivio la decisión del juez de la Corte Suprema, Luís Roberto Barroso, quien consideró que la mejor manera de protegerlos es con barreras sanitarias que impidan, "mediante el uso de la fuerza si es necesario", el acceso de extraños a las tierras donde habitan los no contactados o los que han sido recientemente contactados.
El juez aclaró que la medida afecta a las misiones nuevas, sea cual sea su credo, no a las que ya llevan tiempo instaladas. Es por ahora un fallo provisional, a la espera de un análisis más profundo en la máxima corte, pero representa una nueva afrenta al presidente Jair Bolsonaro, porque en la actualidad las nuevas misiones que buscan contacto con los pueblos aislados son en su mayoría de los evangélicos, un sector vital para la llegada al poder del mandatario, cuyo ideario incluye la explotación de las inmensas riquezas que tienen las reservas indígenas y otras áreas de la Amazonía.
Las autoridades brasileñas tienen registradas 115 tribus aisladas, que viven exclusivamente en la selva y no tienen contacto con no indígenas y mantienen contactos muy esporádicos con otros pueblos originarios, de las cuales solo 28 han sido confirmadas por la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai). El resto están siendo investigadas. Su decisión de no establecer contacto puede ser consecuencia de encuentros violentos vividos en el pasado, así como la continua destrucción de sus territorios.
Los pueblos aislados son considerados uno de los grupos humanos más vulnerables del mundo ante las enfermedades y las epidemias del "exterior", especialmente ahora en tiempos de coronavirus. Durante siglos, se impuso a los indígenas un proceso forzado de contacto, como parte de los proyectos de colonización de zonas del interior del país.
Pero en 1987, tras el repetido fracaso de numerosas misiones que resultaron en el exterminio de tribus enteras, se estableció una política de no contacto y de respeto al aislamiento voluntario, que cuenta con reconocimiento internacional. El artículo 231 de la Constitución, de 1988, reconoce a los indígenas "su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan".
El año pasado, Bolsonaro sancionó una ley, impulsada por la diputada indígena, Joenia Wapichana, con medidas para proteger del covid-19 a los indígenas. Pero por presiones de los aliados del ultraderechista en el Congreso, un trecho del texto quedó ambiguo en lo referente a "la entrada de terceros en áreas con indígenas aislados", lo que fue aprovechado por algunas misiones para intentar proseguir con su labor.
La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil presentó un pedido para que este punto fuese declarado inconstitucional. "No se puede usar la pandemia como justificante para pasar por encima de una normativa y una política indigenista que ya existe desde hace tantos años", comenta a RT Carolina Santana, abogada del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de Contacto Reciente (OPI).
"Con esta ley da la impresión de que las misiones entraron regularmente. Y no es así. Si alguien entró, lo hizo de manera irregular. Y si la Funai lo autorizó, entonces no cumplió con una política que existe desde hace 30 años. ¿Cómo puede ser que haya gente allí si está prohibido?", cuestiona.
La presencia de misiones religiosas entre los pueblos indígenas comenzó cuando Brasil fue colonizado por los portugueses. En la actualidad, existen misiones, no necesariamente religiosas, que trabajan de manera respetuosa y realizan un trabajo humanitario.
El profesor Felipe Milanez de la Universidad Federal de Bahía, que lleva 15 años investigando a los grupos fundamentalistas, recuerda que con los años las misiones fueron realizando una revisión crítica de la historia, que les condujo a llevar un trabajo basado en el respeto de las diferencias espirituales. Pero, ¿quiénes son entonces esas misiones fundamentalistas?
Están organizadas en una especie de agencias que predican un proselitismo religioso y, en su mayoría, son originarias de EE.UU. Existen alrededor de 44 misiones especializadas en la conversión y prácticamente todas ellas forman parte de un lobby denominado Asociación de Misiones Transculturales Brasileñas (AMTB), que se desempeña no solo en la Amazonía y con los indígenas, sino también en otras partes de Brasil y con otras confesiones a nivel global.
"Tienen una visión fundamentalista de la Biblia y creen que es necesaria la conversión universal de todas las almas para alcanzar la salvación. Quien no sea convertido arderá en el infierno (...) aplican una organización radical de la vida de acuerdo a la Biblia. Estas misiones son todas evangélicas, las hay pentecostales", explica.
Algunas también trabajan en formar a "agentes indígenas" para que actúen como misioneros. Las misiones –como Misión Nuevas Tribus de Brasil o Jocum– cuentan, según el experto, con estructuras millonarias por detrás.
"Se trata de un mercado de almas. Buscan convertirlas y salvarlas. No importa dónde se encuentren, pero por detrás está el mercado. Negocian las influencias que conseguirán tras convertir a estos pueblos y se transforman en intermediarias de intereses territoriales y de recursos naturales", matiza.
Milanez reitera que, aunque su motor es la conversión, estas agencias buscan financiación, porque necesitan mucho dinero para hacer esos viajes extremadamente costosos –con helicópteros, barcos, médicos– al interior de la Amazonía. Se vinculan con quien necesitan: mineros, hacenderos, invasores de tierras, entre otros.
La relación entre esas agencias y el Gobierno se materializó con el nombramiento el año pasado del pastor Ricardo Lopes Dias, que fue misionero de la Misión Nuevas Tribus de Brasil, para dirigir la Funai, un órgano que tiene entre sus cometidos impedir la invasión en los territorios indígenas.
"Había intereses explícitos de contactar con los aislados y promover el trabajo de los misioneros para facilitar la apropiación de los territorios para hacenderos y mineros", recuerda Milanez. Finalmente, Lopes Dias fue destituido.
También es conocida la relación de esas agencias con la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves. En 2020, según informó Folha de Sao Paulo, Michelle Bolsonaro realizó donaciones privadas a instituciones misioneras evangélicas aliadas a Alves, entre ellas, la AMTB.
A juicio del experto, esos fundamentalismos están en la base del Gobierno de Bolsonaro y suponen "una materialidad económica que no puede ser expresada". "No son algunos misioneros aislados. Componen grupos colectivos. Y lo que debe ser combatido no es el misionero en sí, sino la visión fundamentalista en general", alerta.
A pesar de su poder y de su crecimiento, no dejan de ser una minoría entre los evangélicos, donde existen movimientos que los combaten. Pastores como Ariovaldo Ramos o Henrique Vieira se han alzado como destacadas voces evangélicas en la construcción de una sociedad plural a través de una lectura humanitaria y de respeto de la Biblia.
