Las vacunas son ahora obligatorias para el personal sanitario, el de atención domiciliaria y el de emergencias en el país, y el miércoles termina el plazo para que tengan al menos una dosis. De lo contrario se exponen a una suspensión de salario o a no poder trabajar. Pero un tribunal ha prohibido su despido directo.
La norma fue aprobada por el parlamento durante el verano, luego de que el gobierno insistió en que la medida era necesaria para proteger a los pacientes y a la población de nuevos brotes de COVID-19. Más de 113.000 personas han perdido la vida en el país a causa del virus, y las autoridades dicen que la mayoría de los hospitalizados por la última ola de contagios eran personas no vacunadas.
