Con 93 votos a favor, 33 abstenciones y 0 votos en contra, la ley permite a las prostitutas ejercer bajo un contrato de trabajo, lo que garantiza acceso a seguridad social (pensiones, prestaciones, asistencia sanitaria, vacaciones, etc.) y protección contra riesgos profesionales, detalla el periódico The Brussels Times.
"Nuestro país ha dejado de lado ciertas objeciones y cuestiones morales para abordar de manera realista el trabajo sexual, para dar derechos y protección a los trabajadores", afirmó en diálogo con el medio Daan Bauwens, portavoz del Sindicato Belga de Trabajadores Sexuales (Utsopi).
Al mismo tiempo, la legislación impone condiciones y restricciones a los empleadores, lo que, en opinión de Bauwens, limita la posibilidad de explotación. De este modo, no pueden ser proxenetas quienes tengan condenas previas por tráfico de personas, prostitución de menores, secuestro y robo, extorsión y fraude, entre otros delitos. Además, según explica Utsopi, están obligados a designar a una persona para la seguridad de quien ejerce el trabajo sexual y poner a disposición de este un "botón de alarma" para casos de emergencia.
Los trabajadores sexuales tienen derecho a rechazar a un cliente, abstenerse de un acto sexual o interrumpirlo en cualquier momento. De igual modo, pueden negarse a sentarse detrás de una vitrina o hacer publicidad si existen peligros para su seguridad. Si un trabajador quiere hacer valer este derecho, está protegido contra el despido u otro tipo de represalias por parte de su empleador. No obstante, si un trabajador sexual ejerce el derecho a negarse más de 10 veces en un período de seis meses, tanto él como su empleador pueden buscar la intervención de un servicio de mediación gubernamental.
Esta ley laboral era el 'paso pendiente' para Bélgica tras convertirse en el primer país de Europa en despenalizar el trabajo sexual, en marzo de 2022. Utsopi la considera un paso "histórico" en la batalla por las personas que se dedican a esta labor y destaca que, a diferencia de otros países que también han reconocido el trabajo sexual, nunca se había elaborado un "marco legal específico".
Sin embargo, algunos activistas contra la explotación sexual se han opuesto a esta nueva legislación. Andrea Heinz, defensora de la abolición de la prostitución, asegura que hay "pocas posibilidades" de que esta decisión "favorezca a las mujeres".
"Bajo la legalización/despenalización total, los proxenetas se convierten en 'administradores' con el respaldo del Estado para afianzar y mantener aún más su poder. Los proxenetas ven a las mujeres que venden como productos, no como personas que merecen plena dignidad y respeto", escribió la semana pasada Heinz en la red social X, donde se describe como una exprostituta convertida en activista.
Entretanto, Bauwens asegura que la ley impide que los trabajadores sexuales sigan siendo discriminados legalmente, pero que aún es necesario el desarrollo de políticas ulteriores. "Debemos garantizar que las nuevas leyes beneficien a todos los profesionales del sexo y que no se conviertan en una política de persecución contra los más vulnerables", manifestó.