La primera enmienda aprobada por los legisladores iraquíes renombra la normativa para hacer constar explícitamente que va dirigida, además de la prostitución, también contra la homosexualidad. Otro de los cambios consiste en la imposición de penas de entre 10 y 15 años de cárcel para cualquiera que entable relaciones homosexuales consentidas.
Promover la homosexualidad "de cualquier manera" se penalizará con un mínimo de siete años tras las rejas, además de una multa de 7.600 a 11.400 dólares, aproximadamente, mientras que los promotores o practicantes de la "afeminación" se enfrentarán a sentencias de uno a tres años de prisión y una multa de 3.800 a 7.600 dólares.
Las cirugías de cambio de sexo también quedan fuera de la ley. De someterse al procedimiento quirúrgico, el paciente, al igual que su médico, corre el riesgo de pasar de uno a tres años en la cárcel. La única excepción son las intervenciones médicas para "tratar los defectos de nacimiento para afirmar el sexo del individuo", realizadas contando con la orden judicial pertinente.
El parlamentario iraquí Amir Al Maamouri calificó la votación como "un paso significativo en la lucha contra la desviación sexual, dada la infiltración de casos únicos que contradicen los valores islámicos y sociales", destacando que finalmente se criminalizará "a cualquiera que promueva o participe en un comportamiento sexual desviado".