Con esta histórica investigación, encargada por el Congreso en marzo de 2022 y llevada a cabo por el Defensor del Pueblo, España pasa de ser uno de los pocos países católicos sin casos de pederastia oficialmente reconocidos a ser el que tiene una proyección más alta de víctimas.
Tras décadas de opacidad y encubrimiento, el texto de 700 páginas revela, a través de una encuesta hecha a 8.000 personas, que el 0,6 % de la población, unas 240.000 personas, habrían sido víctimas de abusos cometidos directamente por un sacerdote o un religioso. El resto lo habría sido de personal laico que trabaja en instituciones pertenecientes a la Iglesia.
En una emotiva rueda de prensa en el Legislativo, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dijo que España "llega tarde" a este informe, que países como Francia, Alemania o Irlanda hicieron hace tiempo y con cifras de víctimas muy inferiores.
En Francia, por ejemplo, se contabilizaron 216.000 desde 1950 y en Alemania 3.677 casos entre 1946 y 2014.
Gabilondo, un exministro de Educación socialista, dijo que se conocen casos desde 1940, pero que el grueso ocurrió entre 1970 y 1990, y que el texto es un respuesta "al sufrimiento y soledad" de los afectados".
La comisión de expertos que participó del informe entrevistó a 487 víctimas de abusos sexuales, muchos de los cuales relataron que sufren problemas emocionales, como estrés postraumático.
"Hay gente que está en tratamiento, hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no se ha recompuesto jamás [...] y no han podido superar el dolor", declaró Gabilondo.
El informe supone un duro golpe para la Iglesia católica, que durante años negó, minimizó y reconoció tímidamente la existencia de algunos casos e impidió cualquier investigación exhaustiva.
"Lamentablemente durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos o una voluntad de ocultamiento o de protección de los abusadores", denunció Gabilondo.
En los últimos años, en medio de una intensa presión política, la Iglesia católica abrió varias investigaciones tras recibir denuncias de pederastia en su seno, entre ellas una auditoría propia encargada a un despacho de abogados y que podría quedar finalizada este año.
Además, en su defensa, asegura que implementó protocolos de actuación ante abusos y que abrió oficinas de "protección de menores" en las diócesis.
La Conferencia Episcopal Española convocó una asamblea el próximo lunes para estudiar el informe y fijar postura.
"Confío en que la Iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y de la ocasión que se le brinda para abordar el asunto. Si no, se equivocará", declaró Gabilondo.
El texto propone además una serie de recomendaciones, entre ellas, la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas, la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólicas por el largo período de tiempo de "desatención" o que la Iglesia abra sus archivos para investigar más en profundidad esta lacra.
"Las víctimas ya no pueden esperar. Algunas han declarado varias veces, están revictimizadas, y dicen: 'Por favor, ahora lo que queremos es medidas y reparación'", dijo Gabilondo, que se mostró partidario de pedirle a la Iglesia que colabore en esa reparación.
Las reacciones al informe no se hicieron esperar.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo desde Bruselas que el informe da a conocer "una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la que nadie hablaba".
"Hoy nuestra democracia es un poquito mejor y nuestro país es un poco mejor", declaró el mandatario, que aseguró que su gobierno estudiará las recomendaciones del informe, entre ellas la de crear el fondo estatal de reparación.
"Este no es el último día, es el primero", agregó.
El portavoz de su formación, el Partido Socialista Obrero Español, en el Congreso, Patxi López, arremetió en las redes sociales contra la Iglesia, a la que acusó de minimizar, negar los abusos sexuales ocurridos en su seno.
"La Iglesia ha presionado y culpabilizado a las víctimas", escribió.
También reaccionó con firmeza el partido Podemos, socio del gobierno socialista de Sánchez.
"Los abusos no solo se ocultaron durante décadas sino que la Iglesia facilitó que continuaran y que no hubiera reparación para las víctimas", escribió en las redes sociales.
"Hay que acabar ya con esta vergonzosa impunidad".