El reporte de la ACNUDH, publicado el pasado 31 de agosto, acusa a Pekín de posibles "crímenes internacionales" y, en particular, "contra la humanidad" en un contexto de detenciones arbitrarias contra la diáspora uigura y otras personas, así como de "restricciones y privación más general de los derechos fundamentales".
Según el organismo de la ONU, las políticas chinas de seguridad y que van dirigidas a combatir el terrorismo en Xinjiang han traído consigo en los últimos años "patrones interconectados de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos", como, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, a la privacidad y a la circulación.
La ACNUDH admite que el sistema de los llamados Centros de Educación y Formación Profesional "se ha reducido en su alcance o se ha disuelto", pero al mismo tiempo asegura que todavía persisten la legislación y las políticas del dicho sistema, lo que se traduce en un aumento de los encarcelamientos.
Por otra parte, la entidad de la ONU insiste en que las políticas discriminatorias del Gobierno chino han "trascendido las fronteras", provocando separaciones de las familias y cortando los contactos de la minoría uigur.
En el documento se hace un llamado a Pekín para que ajuste sus políticas y leyes al derecho internacional de los DD.HH.; investigue sin demora las denuncias de "tortura, violencia sexual, malos tratos, tratamiento médico forzado, trabajos forzados e informes de muertes bajo custodia"; compense a las víctimas y responsabilice a los autores de crímenes.
Desde la ONU también instan al Gobierno chino a tomar "medidas rápidas" que permitan liberar a los detenidos de forma arbitraria en Xinjiang. Paralelamente, las autoridades del país deben ponerse en contacto con las familias de los detenidos para informarles de su paradero, así como para garantizar "canales seguros de comunicación" a fin de procurar la reunificación de las familias.
En respuesta al informe, el portavoz de la misión china en Ginebra denunció que el documento "difama y calumina" al país y constituye una interferencia en sus asuntos internos. "[El reporte] viola gravemente los objetivos y los principios de la Carta Magna de la ONU y socava la credibilidad y la imparcialidad de la ACNUDH", resaltó Liu.
El representante tachó las conclusiones del organismo de "farsa" y dijo que fue "tramada por los países occidentales y las fuerzas antichinas" que ejercían presión sobre la ACNUDH. En este sentido, Liu denunció que el informe se basa en "desinformación y mentiras fabricadas por las fuerzas antichinas", al tiempo que ignora "deliberadamente" la información y los materiales "objetivos" proporcionados por las autoridades del país.
En palabras del portavoz, el reporte "distorsiona maliciosamente las leyes y las políticas de China, denigra la lucha contra el terrorismo y el extremismo en Xinjiang, y hace la vista gorda sobre los enormes logros en materia de DD.HH. conseguidos conjuntamente por personas de todos los grupos étnicos en Xinjiang".
Respecto a las condiciones de vida en la provincia en cuestión, el diplomático aseguró que los miembros de todas las comunidades disfrutan de "estabilidad social, desarrollo económico, prosperidad cultural y armonía religiosa". En esta línea, recordó que en la provincia no se ha registrado ni un solo "incidente terrorista violento" en más de cinco años seguidos.
