El fallo de la jueza del condado de Pima, Kellie Johnson, se produjo casi un mes después de que el fiscal general del estado, el republicano Mark Brnovich, enviara a los tribunales una moción para que la antigua ley volviera a entrar en vigor. Esta solo permite la práctica del aborto en caso de que la vida de la madre esté en peligro.
"El Tribunal considera que, puesto que la base jurídica de la sentencia dictada en 1973 ha quedado anulada, la sentencia en su totalidad debe quedar sin efecto", apuntó Johnson en su fallo, que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Brnovich, aplaudió la decisión tomada por la jueza y celebró el fallo a través de redes sociales. "Aplaudimos al tribunal por mantener la voluntad de la legislatura y proporcionar claridad y uniformidad en esta importante cuestión", escribió en su cuenta de Twitter.
Con la cancelación de la orden judicial de 1973, las autoridades podrán presentar cargos penales contra los profesionales de la salud que practiquen el procedimiento, por lo que las mujeres que deseen interrumpir el embarazo deberán hacerlo en otro estado.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos, reproductivos y de la mujer han criticado la decisión de la jueza, y han señalado sus intenciones de apelar la sentencia ante los tribunales competentes.
