Se trata de la Ley de Protección y Compasión de Niños Vulnerables, que entró en vigor el 8 de mayo tras ser aprobada por los legisladores de Alabama y por la gobernadora del estado, Kay Ivey.
La nueva legislación convirtió en un delito grave que los médicos receten a pacientes menores de 19 años medicamentos que intervengan en su definición de género. Los doctores podrían ser castigados con penas de hasta 10 años. También incluye la prohibición de las cirugías de afirmación de género para menores, y una disposición que requiere que los consejeros escolares informen a los padres si un menor revela que cree que es transgénero. Se había aprobado además una medida separada que establece reglas sobre el uso de baños escolares correspondiente al sexo en el nacimiento.
Tras la aprobación, cuatro familias de niños transgénero, así como el Departamento de Justicia de Estados Unidos se unieron en una demanda para revocar la ley. Más de 20 organizaciones médicas y de salud mental dieron su apoyo a la impugnación.
La demanda señalaba que la prohibición de los medicamentos era una violación inconstitucional de los derechos de igualdad de protección y una intrusión en las decisiones médicas familiares.
El juez del distrito de EE.UU. Liles Burke emitió la orden judicial preliminar para evitar el cumplimiento de esta sección de la nueva ley. Dictaminó que Alabama no había presentado evidencia creíble para demostrar que los medicamentos de transición son experimentales. De este modo, al menos por ahora, las familias seguirán tomando las decisiones referentes a la atención médica conveniente para sus hijos.
"Esta decisión garantizará que los niños transgénero en Alabama, y más allá, puedan continuar recibiendo esta conocida atención basada en evidencia que salva vidas", manifestó la doctora Morissa Ladinsky, pediatra y fundadora de un equipo médico de Birmingham que trata a niños con disforia de género, refiriéndose al fallo del viernes.
Por su parte la gobernadora del estado, Kay Ivey, se refirió al fallo como un "obstáculo legal temporal". "Continuaremos cumpliendo con nuestro deber de garantizar que los niños sean libres para crecer y convertirse en los adultos que Dios quiso que fueran, incluso con las presiones sociales y la cultura moderna de hoy", afirmó. Por su parte, el fiscal general del estado indicó que presentará una apelación en defensa de la ley.
