Los legisladores Ron Wyden y Martin Heinrich alegan que durante mucho tiempo la agencia ocultó detalles sobre el programa al público y al Congreso. Ambos enviaron una carta a altos funcionarios de la inteligencia estadounidense pidiendo que se desclasificaran más detalles sobre el programa.
La mayor parte de la misiva —que se envió en abril del 2021 y se desclasificó este 10 de febrero—, así como los documentos publicados por la CIA fueron borrados. Wyden y Heinrich dijeron que el programa operaba "fuera del marco legal".
Según los protocolos vigentes, tanto la CIA como la Agencia de Seguridad Nacional tienen permiso del Gobierno para operar en el extranjero y, por lo general, tienen prohibido investigar a estadounidenses. Las agencias están obligadas a tomar medidas para proteger la información personal de los ciudadanos nacionales, así como eliminar sus nombres de los informes, a menos que se consideren relevantes para una investigación.
La CIA publicó una serie de recomendaciones editadas sobre el programa publicadas por la llamada Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles. En particular, en el documento se lee que una ventana emergente advierte a los analistas de la CIA que el programa que busca acceder a los datos de los estadounidenses u otras personas protegidas por las leyes de privacidad solo se puede utilizar con propósitos de inteligencia extranjera.
"Al mismo tiempo, los analistas no están obligados a anotar la justificación para sus consultas", afirma el organismo.
Cabe recordar que ambos senadores han abogado por muchos años por una mayor transparencia por parte de las agencias de inteligencia. Así, en la década de los 2010, una pregunta que Wyden le hizo al director de Inteligencia Nacional de EEUU, James Clapper, de hecho presagió las históricas revelaciones del exempleado de la NSA Edward Snowden sobre el espionaje masivo por parte de la NSA.
En aquel entonces, Wyden le preguntó si la NSA "recolectó cualquier tipo de datos sobre millones o cientos de millones de estadounidenses", a lo que Clapper respondió que no, pero más tarde precisó que el organismo "no lo hizo a sabiendas".
Ese mismo año, Snowden reveló que la organización tenía acceso a los datos personales de los usuarios estadounidenses a través de las compañías proveedoras de servicios de internet y cientos de miles de registros de llamadas.
Clapper pidió disculpas públicas en una carta al Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, en la que calificó su respuesta a Wyden de "claramente errónea".
De acuerdo con las cartas de Wyden y Heinrich, el programa de recolección de datos personales de la CIA opera fuera de las leyes establecidas y aprobadas por el Congreso, pero sí bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 12333, firmada por el presidente Ronald Reagan en 1981.
"Es fundamental que el Congreso no legisle sin conocer el programa de la CIA y que el público no se deje engañar por creer que las reformas en cualquier legislación de reautorización cubren completamente sus registros recolectados por la CIA", escribieron los senadores.
Unos documentos adicionales publicados por la CIA también revelan detalles de un programa que tenía por objeto recolectar datos financieros como parte de la lucha contra el ISIS (organización terrorista proscrita en Rusia y otros países). Pero aquel programa también accedió a datos personales de algunos estadounidenses.
No es un secreto que las agencias de inteligencia tienen ciertas instrucciones acerca de cómo deberían manejar y destruir los datos de los ciudadanos. Por ejemplo, el FBI interceptó las llamadas telefónicas del activista Martin Luther King Jr, y la CIA investigó los posibles vínculos del movimiento pacifista —que se oponía a la Guerra de Vietnam— con los países extranjeros. Pero en respuesta a las acusaciones de espionaje doméstico, estas instrucciones y leyes han cambiado.
"Estos informes plantean serias preguntas sobre los datos que recolecta la CIA y sobre cómo la agencia explota esta información para espiar a los estadounidenses. La CIA lleva a cabo estas actividades de vigilancia a gran escala sin ninguna aprobación judicial y con pocas —o ningunas— garantías por parte del Congreso", declara Patrick Toomey, el abogado de la Unión de las Libertades Civiles de EEUU, en un comunicado
