“La CIDH ha tenido los elementos objetivos y ha denegado la procedencia de poder otorgar medidas cautelares [a la expresidente de facto, Jeanine Áñez]”, ha anunciado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta.
Mayta ha dejado claro que la vida de Áñez, quien fue detenida el pasado mes de marzo por su vinculación con el golpe de Estado en 2019, nunca ha corrido riesgo en la cárcel, “al menos no por alguna conducta relacionada a su detención preventiva ejecutada por las instancias estatales”.
Además, ha resaltado que el Estado Plurinacional de Bolivia “siempre ha garantizado la salud y la vida” de la también exsenadora, y que toda la retórica de los medios al respecto ha sido “una escenificación”
El pasado 26 de agosto, la defensa de Áñez pidió a la CIDH, tras haber agotado las instancias judiciales en el país andino, una medida cautelar que supuestamente buscaba su protección.
A su vez, fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia un requerimiento acusatorio contra Áñez por cargos de genocidio, que tiene pena de cárcel de 10 a 20 años.
Según explicó Lanchipa, la querella fue interpuesta por familiares de las víctimas de la masacre de 15 de noviembre de 2019 en Sacaba (Cochabamba), y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz (capital administrativa del país andino).
