"Una organización criminal" y "una bola de gusanos". Así describió Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras lo cual proclamó su inminente cierre.
Para fundamentar su señalamiento, Musk aludió, entre otros asuntos, al financiamiento de "armas biológicas" incluida la covid-19 (a la que tachó de tal), así como al pago de medios de comunicación para propalar "propaganda", bajo la mampara de combatir la desinformación.
En América Latina, el papel de esta agencia es ampliamente conocido hace varias décadas. Instalada en 1961 por el presidente estadounidense John F. Kennedy, como parte de una estrategia más amplia para aumentar y mantener la influencia de Washington en la región, tiene entre sus objetivos declarados brindar "asistencia a los países que se recuperan de desastres, intentan escapar de la pobreza y emprenden reformas democráticas". Sobre todo lo último.
De este hilo se ha colgado durante más de seis décadas la Casa Blanca para interferir en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños, particularmente en aquellos liderados por mandatarios de izquierda o en los que esa opción política tenía posibilidades serias de disputar el poder. En data contemporánea, el alegato ha tomado la forma de "fortalecimiento de la democracia".
Las afirmaciones de Musk sobre el papel de la prensa financiada por la USAID en la construcción de narrativas falaces, propaganda y mentiras tiene fundamento. A este respecto, el golpe de Estado perpetrado en 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende en Chile representó un punto de inflexión en las posibilidades que otorgaba el llamado "poder blando" para preparar mentalmente a la población sobre la necesidad inminente de un cambio político, sin importar los medios para lograr esos fines.
Antes de los sablazos, buena parte de la prensa local, capitaneada por El Mercurio, tenía más de una década cargando contra Allende y sus iniciativas, aunque la situación arreció desde 1970 en adelante, cuando se exageró o se mintió sobre la situación del país y se dio cabida a voces que pedían una salida de fuerza, como puede comprobarse a partir de reconstruiones hemerográficas.
Con el paso de los años, EE.UU. se fue decantando hacia estrategias de cambio de régimen en América Latina por la vía del socavamiento de gobiernos de izquierda, a través del poder mediático y el respaldo a las oposiciones derechistas. Se presentaron como una alternativa igualmente efectiva para derrocar gobiernos calificados como hostiles y con menor costo para la imagen pública de la potencia estadounidense, como vino a demostrarse con el golpe de Estado de abril de 2002, que expulsó del poder por 47 horas al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
En esta oportunidad, la prensa jugó un papel estelar, tanto para azuzar el golpe y demonizar al mandatario y a sus seguidores, como para fabricar pretendidas noticias que hicieran justificable, al menos parcialmente, un golpe militar a la vieja usanza.
investigaciones demostraron que el golpe contra Hugo Chávez estaba auspiciado por Washington, con la participación de la USAID y otras agencias y organismos, entre ellas la 'National Endowment for Democracy' (NED), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el 'Cato Institute', el 'International Republican Institute' (IRI) o la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI).
Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que ese derrocamiento estaba auspiciado por Washington, con la participación de la USAID y otras agencias y organismos, entre ellas la 'National Endowment for Democracy' (NED), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el 'Cato Institute', el 'International Republican Institute' (IRI) o la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI).
Tras el fracaso de esta tentativa, ni la USAID ni otras instancias relacionadas dejaron de financiar a la oposición venezolana a través de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que constituyen otro pilar de la política de cambio de régimen basada en el "poder blando". Los fondos fluyeron desde Washington desde 2002 hasta el reciente anuncio de suspensión de todos los programas de la USAID.
"La USAID ha sido señalada por financiar ONG, medios de comunicación, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición a través de programas aparentemente apolíticos, una estrategia de penetración de la sociedad civil a través de organismos empresariales de ultraderecha, una forma de golpismo sutil", sintetiza el narrador del documental mexicano 'En nombre de la libertad", en referencia a la metodología desplegada por la agencia en la región para expulsar del poder a líderes izquierdistas.
No siempre el llamado "golpismo sutil" viste los mismos ropajes. La estrategia estadounidense por medio del poder blando se ha mostrado versátil y capaz de propiciar golpes de Estado con apoyo institucional interno, por medio de una combinación de operaciones mediáticas, manifestaciones de calle y alianzas internas con los estamentos legislativo o judicial, según el caso.
Este 'modus operandi', por ejemplo, sacó del poder a Manuel Zelaya en Honduras; a Fernando Lugo en Paraguay; a Dilma Rousseff en Brasil. Pero también resultó un fiasco en la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, en la Venezuela de Nicolás Maduro y en el México de Andrés Manuel López Obrador.