"Se ha establecido que los fondos monetarios recibidos a través de organizaciones comerciales, en particular la empresa de petróleo y gas Burisma Holdings que opera en Ucrania, se han utilizado en los últimos años para llevar a cabo actos terroristas en la Federación Rusa, además de en el extranjero, con el fin de eliminar a destacadas figuras políticas y públicas y causar daños económicos", reza el comunicado del organismo.
La parte rusa llevó a cabo una indagación a raíz del llamamiento de un grupo de diputados sobre la financiación de actividades terroristas por parte de altos funcionarios de EE.UU. y de países de la OTAN. Como resultado, se abrió una causa penal por un delito tipificado en la parte 4 del artículo 205.1 del Código Penal de Rusia (financiación del terrorismo).
La investigación actualmente se centra en las fuentes y los movimientos posteriores de fondos por valor de varios millones de dólares, así como la implicación de personas concretas de países occidentales.
Además, se están investigando los vínculos entre los autores directos de actos terroristas y los "promotores, organizadores y patrocinadores extranjeros".