"La Justicia se ha retrasado demasiado en Carolina del Sur", indicó McMaster, quien reiteró que el documento presentando al tribunal aproxima a la entidad "un paso más a poder implementar más el estado de derecho". Asimismo, mencionó que la reanudación de la inyección letal brindará "a las familias y seres queridos en duelo el cierre que por derecho se merecen".
Carolina del Sur interrumpió de manera involuntaria la pena de muerte con inyección letal, después de que en 2013 venciera la caducidad de los fármacos utilizados en este método de ejecución. Las compañías farmacéuticas se negaron a vender estas sustancias al estado, puesto que era necesario que se identificaran públicamente.
McMaster, quien inició su mandato en 2017, solicitó a la Asamblea General de Carolina del Sur que aprobara una ley protectora que permitiera a las autoridades mantener la privacidad de las personas y entidades involucradas en los procedimientos de las sentencias de muerte, así como de los proveedores de fármacos empleados en estas. Finalmente, McMaster promulgó dicha resolución el pasado 12 de mayo.
Por su parte, el Departamento Correccional de Carolina del Sur (SCDC, por sus siglas en inglés) anunció que logró adquirir pentobarbital, un sedante que causa la muerte de una persona de 15 a 30 minutos después de ser administrado.
Carolina del Sur tiene un protocolo de inyecciones letales con un solo fármaco, recalcando que este método es "esencialmente idéntico" al que usan la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. y otros seis estados. Anteriormente, la entidad estaba empleando una combinación de tres fármacos.
Actualmente, en Carolina del Sur hay 34 condenados a muerte. Sin embargo, la SCDC no especificó si algunos de estos recibirá la inyección letal. La última vez que el estado sureño llevó a cabo una pena capital con inyección letal fue en 2011.
