Los precios del petróleo y del gas se desplomaron tras estallar la pandemia del covid-19, pero recobraron paulatinamente sus posiciones en el 2021. Sin embargo, este año, tras el inicio del operativo militar ruso en Ucrania y las sanciones occidentales contra Moscú, se produjo un considerable recorte de las entregas desde Rusia, lo que se reflejó en un auge de los precios.
Para mediados de agosto, el valor de gas natural superó los 3.100 dólares por 1.000 metros cúbicos, lo que representa un incremento del 610 % en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con los datos del mercado neerlandés TTF recogidos por la revista Time. Como consecuencia del aumento del coste de las materias primas, los precios de la electricidad en Europa subieron casi un 300 % hasta alzanzar cifras récord.
En vista de estos altos precios, fábricas de diferentes sectores, como productores de fertilizantes, aluminio o instalaciones de fundición de zinc, suspendieron sus actividades. Mientras, las facturas de la electricidad empujan a los consumidores casi a a la pobreza, agrega el diario británico.
Ante tal panorama, este invierno los gobiernos de la Unión Europea gastarían al menos 50.000 millones de euros en infraestructura y entregas de combustibles fósiles, incluido el gas y el carbón, para alimentar centrales eléctricas previamente detenidas. Anteriormente, los Veintisiete importaban un 40 % de su gas y más del 50 % de carbón desde Rusia para satisfacer sus necesidades, pero ahora "parece que tienen pocas opciones", destacan desde The Financial Times.
Actualmente, los Estados miembros están elaborando medidas de apoyo financiero comparables a las que se adoptaron para superar la crisis bancaria de 2008. Desde el laboratorio de ideas Bruegel indican que desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022 los gobiernos comunitarios asignaron 280.000 millones de euros para proteger a los consumidores del alza de los precios energéticos, disminuir las tarifas de combustibles, pagar por el gas suministrado y ayudar a los hogares vulnerables.
Entre otras medidas, destacan los planes para forzar a las compañías energéticas a compartir las ganancias obtenidas. "En los tiempos en los que vivimos, no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan", declaró este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Un borrador del documento, examinado por Reuters, contempla que las eléctricas europeas no alimentadas con gas se desprendan de sus excesos de ingresos para que luego los gobiernos dirijan esos fondos para ayudar a empresas y ciudadanos con las facturas. Además, se propone introducir un objetivo obligatorio para los países de reducir el consumo de electricidad en el 5 % durante las horas punta.
Mientras, para las centrales nucleares, eólicas y solares se planea establecer un tope de 180 euros por megavatio hora en los ingresos que reciben por la generación de electricidad. Esta cifra es menos de la mitad del precio de mercado. A las empresas de combustibles fósiles se les cobrará un impuesto sobre beneficios inesperados. Asimismo, deberán efectuar "una contribución de solidaridad" del 33 % de sus excedentes imponibles de este ejercicio fiscal, recalca la agencia.
Según Von der Leyen, estas medidas permitirán recaudar más de 140.000 millones de euros que se usarán para amortiguar la crisis.
Aparte de estos esfuerzos, Bruselas programa aumentar los envíos de combustibles fósiles por rutas alternativas. Concretamente, de octubre de 2022 a marzo de 2023 se planea poner en marcha siete terminales flotantes para procesar el gas natural licuado (GNL) procedente de fuentes no rusas en Alemania, Países Bajos, Estonia y Finlandia. El coste mínimo del proyecto es de 3.700 millones de euros.
Se planea construir al menos 19 terminales más alrededor de la UE por casi 10.000 millones de euros, aunque este monto no incluye el levantamiento de infraestructuras necesarias, como gasoductos o muelles. En conjunto, dichas terminales importarían gas por valor de 30.000 millones de euros, según las estimaciones actuales.
Para sustituir las importaciones de gas ruso, Bruselas anunció entre mayo y julio acuerdos de envíos de GNL con EE.UU., Catar, Azerbaiyán, Egipto e Israel. Por ejemplo, el pacto con Washington prevé la entrega de 15.000 metros cúbicos adicionales para este año y de al menos hasta 50.000 metros cúbicos anuales para el 2030.
Entre otras medidas, naciones como Alemania o Países Bajos dieron luz verde para el reinicio de operaciones en termoeléctricas alimentadas por carbón que bien estaban en desuso o debían cerrarse. Estas medidas permitirán quemar 13 millones de toneladas de carbón por un valor de 4.500 millones de euros, evalúan desde el centro Ember Climate.
Desde la UE aseguran que las medidas adoptadas y en elaboración para combatir la crisis son de carácter temporal y que el bloque seguirá comprometido con su objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el 2050. El comisario europeo para las metas climáticas, Virginijus Sinkevicius, declaró que estos objetivos no están "suspendidos o cancelados".
No obstante, analistas consultados por The Financial Times estiman que las inversiones comunitarias en carbón y GNL podrían atar a la UE a los combustibles fósiles durante más tiempo de lo previsto, socavando así el cumplimiento de sus compromisos.
Ya en mayo de 2022, la Comisión Europea calculó que el bloque necesitaría 210.000 millones de inversiones estatales y privadas para renunciar al gas ruso para el 2027. La mayoría de los recursos se destinaría a energías renovables, y solo 12.000 millones para la infraestructura petrolífera y gasística, así como para el combustible para abastecerla. Pese a ello, de acuerdo a los analistas de Ember, este invierno se gastará más de cuatro veces esa cantidad, y la cifra podría aumentar.
El clima trajo problemas adicionales, dado que la calurosa temporada veraniega, plagada de sequías, causó el agotamiento de las capacidades de hidroeléctricas. En algunos países como España, Portugal o Noruega esto conllevó un aumento de la demanda de gas. En Francia, las plantas nucleares, que ya están bajo presión por cierres de mantenimiento, tuvieron que reducir su capacidad por los bajos niveles del agua necesaria para enfriar los reactores.
Además de Washington, Pekín puede ser uno de los beneficiarios de la aguda situación energética en Europa, dado que China es el principal fabricante de producción química a nivel mundial, destacan desde Quartz. A corto plazo, las compañías chinas de este sector sacarán provecho del menor coste de energía, según anotaron desde la empresa de corretaje Huachuang Securities. En este sentido, cabe recordar los reportes de que los recursos energéticos rusos son suministrados a China con descuentos.
Incluso si los precios de gas en Europa bajan, es poco probable que vuelvan a niveles anteriores, estiman los expertos del centro. "Con el desacoplamiento de Europa y Rusia, Europa debe decir adiós a la energía barata. Es una excelente oportunidad para que la industria química china se actualice", pronosticaron.
Mientras, la corporación química alemana BASF no excluye un recorte de producción ante la falta de combustible, mientras otro gigante germano del sector, Covestro, auguró en agosto "el colapso de cadenas enteras de suministro y de producción" si las entregas gasísticas continúan bajando.
Por su parte, Klaus Rohrig, coordinador de la política climática y energética, advierte que la confianza en la UE como líder verde puede resultar socavada. En este sentido, apunta que el plan de Bruselas de vender permisos adicionales para las emisiones de carbono por un valor de 20.000 millones de dólares significaría "usar la política climática para generar ingresos [adicionales], lo que es un precedente peligroso".
A su vez, el analista del centro Bruegel en Bruselas, Ben McWilliams, subrayó en un reporte publicado este mes que con sus intentos de garantizar la seguridad energética, el bloque podría acabar invirtiendo en infraestructura gasística más de lo que necesita, lo que pone en peligro su meta de recortar las emisiones en el 55 % para el 2030.
Entre tanto, en otro artículo del portal Quartz se señala que la crisis energética en Europa debería ser "un momento para que las [energías] renovables brillen", pero los subsidios estatales a los combustibles fósiles lo impiden, protegiendo a los consumidores de su coste real.
Así, el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicado el 29 de agosto muestra que las subvenciones estatales en cuestión casi se duplicaron en 51 países a nivel global hasta alcanzar 697.000 millones de dólares en 2021.
"Al modificar los precios de los combustibles fósiles mediante estas medidas de apoyo, se eliminan, o al menos se reducen, los incentivos de los precios para cambiar a otros combustibles y someterse a una transición baja en carbono", advirtió Greg Garsous, analista de políticas comerciales en la OCDE.
