La pandemia del covid-19 condujo a 77 millones de personas a la "pobreza extrema"

La pandemia de coronavirus empujó a 77 millones de personas a una "situación de pobreza extrema" el año pasado, mientras muchas economías siguen sin recuperar los niveles previos a la crisis, según un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado este martes.
El documento elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela una "gran brecha financiera" en la recuperación económica entre los países ricos y los países en vías de desarrollo.
Según el informe, las naciones en desarrollo más pobres gastan en promedio alrededor del 14 % de sus ingresos para pagar la deuda, casi cuatro veces más que los países desarrollados, que ocupan el 3,5 %. Además, el organismo prevé que para finales de 2023 uno de cada cinco países en desarrollo no verá un retorno del Producto Interno Bruto (PIB) a los niveles de 2019.
La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, dijo en un comunicado que los hallazgos eran "alarmantes" para el mundo y destacó que a este "momento crítico", marcado por la pandemia y la crisis climática, se ha sumado la guerra en Ucrania, "afectando rápidamente a los alimentos, la energía y las finanzas en todo el mundo", lo que amplía "aún más las brechas de recuperación pandémicas" que existían antes del conflicto.
Después de más de dos años de pandemia, el nuevo coronavirus sigue causando estragos en todo el mundo y ha levantado barreras más allá de la economía, obligando a los gobiernos a recortar los presupuestos en áreas importantes para el desarrollo, como la educación, protección social o salud.
En este sentido, Mohammed señaló que, si bien la comunidad internacional ha tomado medidas para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, se necesita más para cerrar la brecha de recuperación.
El informe hace un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones para abordar con urgencia las brechas de financiamiento y los crecientes riesgos de la deuda. Asimismo, la ONU insta a reforzar la transparencia en el ámbito financiero para administrar mejor los riesgos y combatir los flujos ilícitos junto con la evasión fiscal, y que los flujos de financiación se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible y la acción climática.