Las fuerzas turcas atacaron con artillería pesada las posiciones del Ejército sirio en la ciudad de Saraqib, sita en el este de la provincia de Idlib, según informaron el viernes fuentes sirias.
El Ejército sirio, a su vez, respondió el ataque con su fuego de artillería que destruyó un puesto de observación que mantiene Turquía en la aldea de San, situada en Saraqib, según las fuentes sirias.
Por su parte, el Ejército turco atacó además los pueblos de Al-Rabiat y zarkan, situados en los alrededores de Abu Rasin, en la provincia nororiental siria de Al-Hasaka.
La cadena rusa RT en árabe ha advertido que Idlib vive una situación muy delicada tras el reciente despliegue de vehículos militares de las fuerzas de ocupación turcas.
El miércoles, un nuevo convoy militar turco, compuesto por más de 200 vehículos blindados y armas, entró en Idlib para aumentar el “apoyo directo” que brinda Ankara a las organizaciones terroristas desplegadas en el norte del territorio sirio, según reportó la agencia siria de noticias SANA.
Según el informe, Turquía pretende apoderarse de una estratégica zona de 910 kilómetros cuadrados que abarca entre otros la ciudad norteña de Ain Al-Arab (o Kobani), fronteriza con Turquía, y controlada por kurdos sirios, considerados como ‘terroristas’ por Ankara.
El martes, el Parlamento de Turquía dio luz verde a los planes intervencionistas del presidente, Recep Tayyip Erdogan, extendiendo otros dos años (hasta octubre de 2023) la autorización para seguir la presencia militar en Siria e Irak.
Los analistas internacionales consideran tales medidas de Ankara como una “violación” de la soberanía e integridad territorial de un país independiente, y agregan que Turquía está reforzando sus puestos militares en el suelo de Siria, ya que teme una repentina ofensiva del Ejército sirio contra los grupos terroristas restantes en Idlib.
Damasco considera ilegal la presencia militar de las tropas estadounidenses y turcas en Siria y les acusa de dar apoyo a sus terroristas afines y de robar los recursos naturales y activos públicos del país; por ello, exige su retirada inmediata.