A través de un comunicado emitido este jueves, los Ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia, Polonia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos e Irlanda han instado a Israel a dar marcha atrás en su decisión de construir 3000 nuevas viviendas en varios asentamientos de Cisjordania y el este de Al-Quds (Jerusalén), incluyendo Rafafa, Kedumim, Kfar Etzion y Har Bracha.
La nota expresa “la firme oposición a la política de expansión de las colonias de poblamiento en el conjunto de los territorios palestinos ocupados, pues constituye una violación del derecho internacional”.
Además, dichos países europeos han sostenido que tal actitud de Israel “sabotea los esfuerzos a favor de la solución de dos Estados” al conflicto palestino-israelí. De la misma manera, han puesto énfasis en la importancia de “reducir las tensiones” y crear las “condiciones necesarias” para avanzar hacia la paz.
La mayoría de los países y organizaciones internacionales considera que los asentamientos que Israel erige en los territorios ocupados en la guerra de 1967 son ilegales; sin embargo, este régimen de apartheid sigue haciendo caso omiso a cualquier condena en este sentido.
Tal y como declaró en julio pasado la ministra israelí del interior, Ayelet Shaked, de conformidad con un acuerdo alcanzado por la coalición gobernante, el alto consejo israelí de planificación de la administración civil se reuniría cada tres meses para aprobar construcción de nuevas edificaciones en los territorios ocupados palestinos.
Ante tal coyuntura, los analistas y expertos advierten de que los costos de la decisión del régimen de Tel Aviv de construir más asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos son muy altos.